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Valle María » Vallemarianoticias
Fecha: 17/08/2025 17:47
En la continuidad de la audiencia de apelación contra la remisión de la causa Contratos Truchos a juicio, Fiscalía responderá los planteos de nulidad y exclusión probatoria de sólida evidencia de cargo, y de nulidad del relato del hecho por supuestas impresiones, de las defensas de los 18 imputados que quedaron vinculados a la investigación. Si el tiempo alcanza, por los numerosos y complejos planteos, Fiscalía de Estado hará lo propio con la demanda civil para recuperar 2.000.000.000 pesos. El lunes 18 a partir de las 9, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, responderán a los planteos de nulidad y exclusión probatoria de la sólida evidencia que los funcionarios desarrollaron durante la alongada audiencia –que insumió numerosas jornadas- de remisión de la causa que investiga la millonaria sustracción de fondos de la Legislatura de Entre Ríos mediante la modalidad de contratos de obra apócrifos. Se trata de una investigación que comenzó a sustanciarse en octubre de 2018 y comprende el período 2008-2018, en las Cámaras de Diputados y Senadores, con la salvedad que en la primera quedó excluido de la investigación un período –en el que fue presidente del cuerpo Jorge Busti- por la ausencia de la documentación que daría cuenta de los contratos celebrados en aquella gestión. Las defensas de los 18 imputados que quedaron vinculados al proceso y serían juzgados en un juicio oral y público –si no se presentan nuevas salidas alternativas como la suspensión del proceso a prueba o juicio abreviado por las que optaron 13 procesados, puesto que hubo un sobreseimiento porque Fiscalía desistió de los cargos- mejoraron durante tres jorandas los argumentos que presentaron por escrito contra la decisión de la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, que en sendas resoluciones del 6 y 30 de junio, rechazó los planteos de nulidad y exclusión de evidencia de cargo por la supuesta ilegalidad en su obtención, y de nulidad del hecho imputado por presunta violación del derecho de defensa. También se agraviaron por la aparente falta de respuesta a los pedidos de sobreseimiento planteados. Demanda civil La audiencia se celebra ante la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno. Desde el lunes, los fiscales responderán a los numerosos planteos de las defensas y todo indica que los rechazarán de plano, como lo han venido realizando durante esta etapa intermedia del proceso. En función de los múltiples planteos enervados por al menos una decena de defensores, los alegatos de Fiscalía de Estado, representada por su titular, Julio Rodríguez Signes; el adjunto, Martín Rettore, y el fiscal, Gustavo Acosta, quedaron supeditados al tiempo que les insuma a Yedro y Aramberry sus respuestas. Fiscalía de Estado impulsa la demanda civil por orden del gobernador, Rogelio Frigerio, que previo a solicitar a las Cámaras de Senadores y de Diputados, que declaren nulos los 771 contratos considerados ilegales y son el motivo de la causa que lleva ocho años de sustanciación, y ordenó al fiscal de Estado la demanda civil para el recupero de las millonarias sumas detraídas de las arcas del Estado valuadas en 2.000.000.000 pesos. Asociación ilícita El Ministerio Público Fiscal (MPF) ha sostenido con evidencia respaldatoria que los contratos eran manejados por una asociación ilícita que durante una década se dedicó a saquear las arcas públicas con el único objetivo de obtener un beneficio propio. Además, señalaron que la organización contó con la participación de “… otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”. También sostuvieron que la aludida sustracción “contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”. Prestanombres Los fiscales sostienen, y revalidarán, que “sin lugar a duda, la magnitud o extensión de la ilicitud, era ignorada por la mayoría de los contratistas falsos, que resultaron un instrumento de los integrantes de la estructura, quienes se valieron de las necesidades económicas de estos verdaderos ‘prestanombres’, asegurándoles un magro ingreso y el goce esporádico de cobertura médica a través del pago del impuesto al monotributo”. APF
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