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» Comercio y Justicia
Fecha: 15/08/2025 14:29
Ante la confirmación de dos muertes vinculadas al consumo de fentanilo contaminado en territorio provincial, el Gobierno de Córdoba decidió presentarse como querellante en la causa federal que investiga el caso. Así lo anunció el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, en una conferencia de prensa realizada en el Centro Cívico del Panal. La Fiscalía de Estado se sumará a la investigación que lleva adelante el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, representando a las instituciones privadas de salud de Córdoba que se vieron afectadas por la distribución del lote contaminado de fentanilo. Este lote, el número 31202, fue elaborado por el laboratorio HLB Pharma y fue objeto de una alerta sanitaria emitida por la ANMAT el 8 de mayo. Pieckenstainer, acompañado por el secretario de Salud, Carlos Giordana, explicó que tras la advertencia nacional, el Ministerio de Salud de Córdoba activó inmediatamente un protocolo de control. En primer lugar, se instruyó a todas las instituciones sanitarias, públicas y privadas, a separar el lote afectado. Luego, la medida se amplió para incluir todos los productos endovenosos, sueros y dispositivos provenientes del laboratorio, sin importar el lote, con el objetivo de prevenir cualquier riesgo adicional para pacientes y personal de salud. “Queríamos asegurarnos de que cada ampolla quedara fuera de circulación y a disposición de la Justicia”, subrayó el ministro. Pieckenstainer también aclaró que ningún hospital público de la provincia adquirió ni utilizó el lote 31202. Esta información fue corroborada por el propio Juzgado Federal de La Plata el pasado 11 de agosto, lo que permite a Córdoba tomar distancia de otras jurisdicciones —como Santa Fe— donde sí se registraron casos en centros de salud públicos. Foco en el ámbito privado: 18 clínicas involucradas En cambio, 18 instituciones privadas de salud en Córdoba sí habrían recibido el lote contaminado. El Ministerio ha instruido a estos establecimientos para que reporten casos sospechosos o confirmados, tal como lo establece el Boletín Epidemiológico Nacional. Pieckenstainer indicó que el problema no es de resistencia por parte de las clínicas, sino de dificultades en la gestión de los sistemas de notificación: “Desde el Ministerio estamos acompañando a estas instituciones para asegurar que los reportes lleguen tanto al sistema nacional (SISA) como a la Justicia. Aunque no podemos acceder directamente a las historias clínicas privadas, sí podemos intervenir desde la colaboración y la instrucción técnica”. Las dos muertes confirmadas hasta el momento fueron notificadas por la Clínica Vélez Sarsfield el 9 de mayo, fecha en la que también se reportaron dos casos adicionales luego de una revisión retrospectiva. El Ministerio no descarta que surjan más casos a medida que las clínicas revisen sus registros desde el 1 de enero al 9 de mayo, periodo en el que se estima que el fentanilo contaminado pudo haber estado en uso. Control del remanente y actuación judicial La Dirección de Farmacia del Ministerio inspeccionó personalmente las farmacias de las 18 instituciones involucradas, confirmando que el fentanilo restante ya fue separado, identificado y puesto fuera del alcance del personal sanitario y los pacientes. Todo el material está ahora a disposición de la Justicia Federal. Con su rol como querellante, la Provincia busca fortalecer el seguimiento judicial de los casos, asegurar la responsabilidad del laboratorio y proteger a las instituciones de salud y a los pacientes ante futuras situaciones similares.
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