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» Politicargentina
Fecha: 13/08/2025 16:55
La expresidenta, solicitó por medio de un escrito que se suspenda el embargo y decomiso de sus bienes dispuesto en la causa Vialidad, horas antes de que venza el plazo impuesto por la Justicia para el pago de $684.990 millones. “No tengo bienes que sean instrumentos, producto o provecho del delito”, sostuvo en el documento presentado por sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2).Según la defensa, la medida ordenada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso carece de sustento, ya que la mayor parte de las propiedades fueron adquiridas mucho antes del decreto 54/2009, señalado como el hecho central por el que la Corte Suprema dejó firme la condena a la líder política, como también al empresario Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe.Entre las pruebas ofrecidas, mencionaron que incluso bienes heredados por sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, datan de décadas previas a la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia.Los hijos de la exmandataria elaboraron otro escrito donde replicaron el pedido de Cristina en torno a su patrimonio, alegando que 24 de los 25 bienes que heredaron fueron comprados antes del decreto de 2009, y que “nunca fueron imputados” bajo la causa Vialidad. La presentación lleva la firma de su abogado, Luis Joel Goldin, y detalla que el único bien posterior a esa fecha fue un lote adquirido en Río Gallegos en septiembre de ese año por Néstor Kirchner.La defensa de Cristina Kirchner también apeló la actualización del monto fijado por el Tribunal, que pasó de $84.835 millones en 2022 a casi $685 mil millones, calculados según el índice de precios al consumidor. Los letrados cuestionaron que el ajuste se realizó sin discusiones mediante y remarcaron que en causas recientes, con los mismos magistrados, se rechazó ese índice y se aplicaron tasas bancarias.Siguiendo lo expuesto por fuentes oficiales, trascendió que Beraldi y Llernovoy insistieron en que el decomiso “confunde” esta figura penal con la reparación civil, que ya se tramita en el Juzgado Civil y Comercial Federal N°2, lo que a su entender implica “duplicar consecuencias patrimoniales” y generar un “efecto confiscatorio”, según deslizaron fuentes cercanas al tribunal. Por ello, solicitaron que la causa pase al fuero civil y comercial, que se convoque a los hijos de la exmandataria para ejercer su defensa y que se incorpore la documentación patrimonial.El planteo llega en el día límite para el depósito de u$s537 millones entre los nueve condenados. El juez Gorini había intimado a abonar la suma en un plazo de diez días hábiles, bajo la advertencia de ejecutar bienes si no se cumplía.En caso de no prosperar en instancias locales, la defensa anticipó que acudirá a organismos internacionales de derechos humanos para denunciar lo que considera una aplicación “discriminatoria” de la ley, debido a que, según afirmó, el monto fijado es 100 veces superior al aplicado en otras causas por los mismos jueces pocos días antes.
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