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Concordia » Despertar Entrerriano
Fecha: 13/08/2025 11:23
En Concordia, el incumplimiento de la cuota alimentaria no es la excepción: es la norma. El defensor civil Diego Ponce lo llama sin rodeos “una cultura instalada” y describe un trabajo cotidiano que combina mediación, acciones judiciales y, cuando es necesario, medidas extremas para garantizar que niños y adolescentes reciban lo que les corresponde. “En la mayoría de los casos que atendemos, el padre no tiene empleo registrado. Eso complica todo: no hay un sueldo en blanco para retener y muchas veces su vida laboral fue sin registrar ingresos. Por eso, primero trabajamos en la etapa extrajudicial, que es gratuita: citamos a la madre que hace el reclamo, fijamos un turno lo más rápido posible —una semana o diez días— y después convocamos al padre para escuchar su situación económica y ver cuánto está dispuesto a aportar”, explicó Ponce a Despertar Entrerriano. El procedimiento incluye preguntas sobre el grupo familiar, posibles ayudas económicas, actividad laboral y si recibe beneficios como AUH o pensiones. Con esa información, la Defensoría calcula una cifra que cubra al menos las necesidades básicas del menor. “Si pedís un millón a alguien que solo puede pagar 15.000 pesos, la sentencia termina siendo letra muerta. Buscamos acuerdos que puedan cumplirse, aunque no siempre alcanzan para todo lo que el niño necesita”, señaló. Cuando no hay acuerdo, la vía judicial se abre con medidas cautelares: “Podemos retener parte del sueldo, embargar pensiones o planes sociales. A diferencia de otros créditos, en alimentos se puede ir más allá del 20% e incluso, en casos excepcionales, hasta el 100%”. Ponce reconoce que hay sanciones poco comunes pero efectivas: “En Buenos Aires se usa más, pero en Concordia también hemos visto restricciones para entrar a partidos de fútbol, suspensiones de credenciales o impedir la renovación del pasaporte a deudores alimentarios. Son medidas para presionar, porque la deuda alimentaria no es un capricho: es un derecho del niño”. El incumplimiento no solo afecta la economía familiar: también es un delito. “No pagar la cuota alimentaria es abandono de persona. Puede derivar en una denuncia penal, aunque las penas suelen ser mínimas. Lo central es que el chico reciba lo que necesita para vivir”. En muchos casos, si el padre no puede pagar, el reclamo se extiende a los abuelos u otros familiares obligados subsidiarios. “Pero hay un límite: si los abuelos tienen una jubilación mínima, también son sujetos vulnerables y no se les puede exigir más de lo que pueden dar”, advirtió. Uno de los argumentos más frecuentes de los padres morosos es pedir explicaciones sobre en qué se gasta el dinero. Ponce responde con números: “Si un padre paga 60.000 pesos, son 2.000 pesos por día. ¿Con eso creés que se cubre comida, vestimenta, transporte y educación? Si la madre logra hacerlo, es casi un milagro. La cuota alimentaria no es para la madre, es para el hijo”. El defensor remarca que la mejor salida es un acuerdo integral: monto de la cuota, régimen de comunicación, cuidado personal y pauta de actualización. “Un juicio de alimentos puede ser carísimo: hoy, con la nueva ley de honorarios, un arreglo de 200.000 pesos puede implicar 660.000 en honorarios para cada abogado. Por eso siempre buscamos cerrar el conflicto en la instancia extrajudicial, que no tiene costo y puede resolverse rápido”. En una ciudad donde, según Ponce, la “costumbre” de no pagar sigue muy arraigada, el desafío es doble: hacer cumplir la ley y cambiar una cultura que, muchas veces, confunde una obligación legal con un favor personal. Fuente: Despertar Entrerriano
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