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Parana » Informe Digital
Fecha: 13/08/2025 06:31
Javier Milei se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras presentar un escrito ante la Justicia Federal de La Plata para defenderse de la demanda interpuesta por la familia de Ian Moche, un niño de 12 años con autismo. Esta familia exige que el presidente elimine un tuit relacionado con su hijo, mensaje que consideran ofensivo. En su defensa, Milei argumenta que su cuenta en la red social X es de carácter personal y no oficial, y que sus comentarios están protegidos por la libertad de expresión. Según el mandatario, su crítica en el tuit en cuestión se dirigió al periodista Paulino Rodrigues, no al menor, y calificó la demanda como un ejemplo de la “cultura de la cancelación”. Por ello, el presidente se niega a eliminar su publicación, donde asocia al niño con el kirchnerismo. Esta postura plantea un profundo debate legal y político sobre los límites entre el derecho a la libertad de expresión, el papel institucional en plataformas digitales y el vacío legal existente en esta materia en términos regulatorios. La falta de normas que regulen el discurso público en redes sociales fue un punto central en el debate del programa “Comunistas”, transmitido de lunes a viernes a las 20.30 por Bravo TV. En el estudio, el abogado Pablo Zappulla afirmó que compañías como X —de propiedad del magnate estadounidense Elon Musk, con quien el presidente se ha reunido en varias ocasiones— generan riqueza a partir de los datos de los usuarios, quienes, en realidad, “trabajan para las redes sociales”. Es esencial que las plataformas tengan representación legal en el país y respondan por el contenido que circula en sus espacios, ya que trasladar toda la responsabilidad a los usuarios resulta insuficiente y peligroso para la democracia, según su opinión. El caso de Ian Moche no es un hecho aislado. La difusión de un video manipulado que presenta declaraciones distorsionadas del gobernador bonaerense Axel Kicillof —inicialmente compartido por el vocero presidencial Manuel Adorni y amplificado por el propio Milei— ilustra cómo la desinformación se ha convertido en una herramienta política para moldear narrativas y confundir al público. El analista Gustavo Córdoba advierte que estas tácticas llevan la mentira a niveles industrializados y funcionan como distracciones masivas para desviar la atención de los problemas reales. El vacío normativo en las redes también permite el uso político de la desinformación. Después de las elecciones porteñas del 18 de mayo de 2025, Milei defendió a quienes difundieron un video deepfake con la imagen de Mauricio Macri, argumentando que perseguir a quienes viralizan contenido engañoso sería un ataque a la libertad de expresión. Esta posición, que contrasta con denuncias por fraude digital y proyectos legislativos que buscan regular la inteligencia artificial en campañas electorales, revela la dificultad de equilibrar el derecho a expresarse con la protección contra la manipulación digital. La discusión sobre los límites de la libertad de expresión en el entorno digital es apremiante en Argentina. Por un lado, está el derecho de los ciudadanos a expresarse y disentir; por otro, la necesidad de proteger a personas, como Ian Moche, frente a ataques ofensivos y discursos de odio. El debate incluye también la definición de cuándo una cuenta personal de un presidente puede o debe considerarse parte de su rol institucional, ya que en este caso Milei estableció su domicilio legal en la Residencia de Olivos, lo que complica la separación entre sus dimensiones personal y oficial. LB / FPT
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