12/08/2025 21:00
12/08/2025 20:59
12/08/2025 20:58
12/08/2025 20:57
12/08/2025 20:55
12/08/2025 20:54
12/08/2025 20:53
12/08/2025 20:52
12/08/2025 20:51
12/08/2025 20:49
Parana » Informe Digital
Fecha: 12/08/2025 19:01
La ausencia de una estrategia nacional en relación a Malvinas ha trascendido a los gobiernos, independientemente de su línea discursiva. La postura argentina, fragmentada entre el Gobierno federal y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se evidenció nuevamente ante la inacción frente a un proyecto multimillonario de una firma británico-israelí que se prepara para extraer aproximadamente 1.700 millones de barriles de crudo de la cuenca León Marino, al norte de la isla Soledad y a 220 kilómetros de la costa argentina. La explotación privada de los recursos de las aguas que rodean el archipiélago del Atlántico Sur, mediante licencias otorgadas por el Reino Unido, contradice un principio fundamental de las resoluciones de organismos internacionales, consideradas como un “triunfo diplomático” de Argentina frente a la potencia ocupante: no se puede explotar económicamente un territorio en disputa en cuanto a soberanía. No obstante, el proyecto petrolero del consorcio que incluye a las firmas RockHopper (35% de participación) y Navitas (65%), de capital británico e israelí respectivamente, avanza de manera contundente. Incluso ante el silencio oficial del Gobierno nacional y las quejas en off de algunos funcionarios patagónicos por la falta de una estrategia nacional frente a la continua explotación ilegal de los recursos de Malvinas. Un funcionario provincial reconoció a este medio: “Para esta Cancillería, Malvinas no existe.” La explotación de la cuenca León Marino en Malvinas En una audiencia pública celebrada el 31 de julio en Puerto Argentino, la petrolera británico-israelí Navitas presentó las proyecciones del proyecto Sea Lion, que prevé extraer crudo de la cuenca León Marino, ubicada al norte de la isla Soledad, y aportar hasta 4.000 millones de dólares en impuestos y regalías a las arcas de la administración kelper durante la vida útil del yacimiento, según informó el medio probritánico MercoPress. La empresa proyecta alcanzar su pico de producción en 2032, lo que generará unos 250 empleos directos e indirectos y la construcción de infraestructuras específicas, como un hotel de 150 camas y viviendas para trabajadores. Estos planes, que implican una consolidación económica del enclave colonial a partir de recursos en disputa, contradicen de manera directa la Resolución 31/49 de la ONU, que insta a las partes a abstenerse de realizar modificaciones unilaterales mientras persista la disputa sobre soberanía. Siguiendo esta premisa, cualquier explotación de recursos naturales en las aguas alrededor de las Islas Malvinas sin acuerdo de ambas partes constituye una violación del derecho internacional. A esto se añade que, en el ámbito interno, la Ley 26.659 prohíbe operar en la plataforma continental argentina con licencias emitidas por el Reino Unido. Sin embargo, su aplicación ha sido intermitente y ha dependido de la voluntad política de cada momento. En el caso del gobierno nacional, recae bajo la jurisdicción de la Cancillería, específicamente en la secretaría de Malvinas, Política Oceánica y Atlántico Sur, actualmente a cargo de Paola Di Chiaro. PERFIL contactó al ministerio liderado por Gerardo Werthein para investigar si se prevé una queja por la explotación de los recursos de Malvinas, pero al cierre de esta nota no se recibió respuesta. La administración británica de las Malvinas ha avanzado en la explotación offshore de recursos, contraviniendo la normativa internacional. Sin embargo, el avance privado e ilegal en la explotación de los recursos de Malvinas no se limita a los yacimientos de gas y petróleo. A esta situación se le suma la creciente preocupación por la pesca ilegal en aguas adyacentes, alertada por la reciente detección de barcos pesqueros de origen español, surcoreano y taiwanés —sin contar a China— y la posterior denuncia de Ushuaia por operar con licencias británicas, según informó este medio. Esta situación ha encendido las alarmas en la provincia, que custodia las regalías que le corresponden hasta la milla 12 (una regulación que aplica al territorio provincial que incluye las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur) según la normativa local. Polémica por una concesión petrolera en Tierra del Fuego El gobierno fueguino, por su parte, no está exento de la polémica en torno a Malvinas, una cuestión particularmente delicada en el extremo sur del país, donde prevalecen “otras lógicas” diferentes a la mirada porteña y a la de otras regiones del país. Medios locales criticaron la prórroga de la concesión CMA-1 —ubicada en la Cuenca Marina Austral frente a Tierra del Fuego— hasta 2041 y 2045, con inversiones superiores a 530 millones de dólares y un incremento del 3% en las regalías, que benefició a Wintershall Dea Argentina. Esta empresa es controlada por Harbour Energy, compañía que estuvo involucrada en la explotación de la cuenca León Marino hasta que vendió su participación a Navitas en 2021. En ese momento, el Gobierno nacional tenía la posibilidad de actuar judicialmente para sancionar a la empresa, algo que finalmente no se concretó. Aunque tanto la empresa como la Legislatura provincial afirman que sus operaciones actuales cumplen con la legislación argentina, las críticas se centran en la vinculación histórica de la empresa con el proyecto offshore al norte de Malvinas. “La producción de Harbour se concentra en dos áreas: la fructífera concesión offshore Cuenca Marina Austral (CMA-1) en la provincia de Tierra del Fuego, y las concesiones onshore Aguada Pichana Este y San Roque en la cuenca neuquina. El negocio adquirido por Harbour ha estado operando en Argentina por más de cuatro décadas y cuenta con una sociedad de operación a largo plazo a través de TotalEnergies”, indica el sitio web de la empresa. Malvinas y el alineamiento de Javier Milei en política exterior La Cuestión Malvinas continúa siendo un desafío para el gobierno de Javier Milei, dadas algunas decisiones fallidas y otras acciones recientes: desde su mención sobre “los deseos” de los isleños en su discurso del 2 de abril, pasando por las votaciones en la ONU, hasta el traslado de la embajada argentina a Jerusalén, medidas que podrían comprometer la posición argentina en el Comité de Descolonización y otros foros multilaterales. Sin embargo, la ausencia de una estrategia coordinada y la recurrente contradicción entre las posturas del gobierno federal y el provincial no son exclusivas del gobierno libertario. El año pasado, Ushuaia también cuestionó la autorización de la instalación de un radar de la empresa estadounidense LeoLabs, aprobada por la gestión de Alberto Fernández sin una evaluación previa de seguridad, que luego fue denunciada por tener un propósito “dual” (tanto civil como militar) y, por lo tanto, fue suspendida y judicializada. La controversia por el radar de LeoLabs resurgió en 2024, cuando la empresa anunció públicamente su colaboración con el Ministerio de Defensa británico mediante un tuit. Además, a comienzos de 2025, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, contralmirante James Holsey, visitó Ushuaia y planteó la necesidad de “normalizar” el funcionamiento del radar, en medio de la competencia con China en la región. El pedido, respaldado por la Casa Rosada en el marco del acercamiento diplomático del gobierno de Javier Milei hacia Washington, reavivó las tensiones con el Ejecutivo fueguino, que reclama un mayor control provincial sobre las decisiones estratégicas en el Atlántico Sur. Este contrapunto se desarrolló paralelamente a otro frente de fricción: el intento del Gobierno nacional de desmantelar el régimen especial de promoción industrial de Tierra del Fuego, una herramienta clave para las finanzas provinciales y para sostener el empleo en una economía austral de alto costo logístico. Así, desde las concesiones offshore hasta la pesca ilegal y el radar, la disputa por Malvinas sigue marcando una fractura persistente entre la política exterior decidida en Buenos Aires y las urgencias cotidianas de Ushuaia, donde la cuestión de la soberanía no es solo un gesto simbólico, sino también económico y político.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por