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Parana » APF
Fecha: 12/08/2025 13:30
Las defensas de los 17 imputados, de los 32 iniciales, que quedaron vinculados a la investigación formularon serios cuestionamientos a la resolución de la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, que remitió la causa a juicio rechazando los planteos de exclusión de la evidencia digital secuestrada en la investigación y de los testigos-contratados que declararán en el debate si su incorporación es avalada en esta instancia de apelación. El miércoles Fiscalía responderá los planteos formulados. martes 12 de agosto de 2025 | 13:17hs. Foto: APFDigital Las defensas de los 17 imputados que quedaron sometidos a proceso –si no se presentan nuevas salidas alternativas al juicio oral- de los 32 que inicialmente fueron acusados, mejoraron este martes ante la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, los argumentos de los recursos de apelación contra la decisión de la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, que el 6 de junio y el 30 de junio, rechazó todos los planteos de exclusión de la evidencia digital que se incorporó al legajo y de los contratados que serían incorporados como testigos al futuro debate, y de cuestionamientos a la calificación legal y de la cuestión civil, respectivamente. Por lo dilatado de la jornada y la profundidad de los argumentos esbozados, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó un cuarto intermedio hasta el miércoles 13 –puesto que entendió que se introdujeron cuestiones nuevas- para chequear con la evidencia con la que cuenta e individualizar cada planteo y dar la respuesta adecuada que cada uno requerirá. Las defensas acompañaron la solicitud y Castagano dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles a las 9. Agravios En la jornada de este martes, las defensas que hicieron uso de la palabra cuestionaron con más profundidad los rechazos dispuestos por Barbagelata. Todas coincidieron en que se estaría vulnerando el derecho al debido proceso y de legítima defensa si se avala la incorporación de la evidencia digital secuestrada en allanamientos que fueron cuestionados como genéricos e inmotivados y cuyos resultados, el secuestro de equipos informáticos, fue realizado de manera ilegal, contrario a las leyes vigentes que regulan la obtención y custodia de la recolección de una evidencia considerada “volátil”. También se cuestionó la decisión de la magistrada de primera instancia de admitir como testigos de Fiscalía a las personas que firmaron los contratos que son motivo de la investigación. Se cuestionó que sus declaraciones “informativas” en sede fiscal, sin control de las defensas, será incorporada al debate donde se podría dar la situación de que incurran en una autoincriminación, lo que está contemplado en las normas para evitarlo. En cuanto a los testigos-contratados, se cuestionó que su incorporación justificada en criterios de Política Criminal del MPF, que decide a quien investiga y a quien no, vulnera el principio de prohibición de declarar en contra de sí mismo o de autoincriminación, habida cuenta que se destacó que aquellos declararían sobre hechos en los que tuvieron una participación, de acuerdo a la hipótesis acusatoria que investiga la celebración de contratos de obra en ambas Cámaras de la Legislatura provincia en la década comprendida entre 2008 y 2018, y no de hechos sobre los que tuvieron conocimiento por sus propios sentidos. Sobre la posible incorporación de la evidencia digital, se sostuvo que se realizó en contra de las leyes vigentes que regulan la especificidad, la tildaron de ilegal, se cuestionó que los peritos que la realizaron no están matriculados en los respectivos Colegios de Profesionales de la Informática, por ende no tendrían las competencias legales para realizar las tareas de sistematización en informes que el MPF llevará al juicio para sostener su hipótesis. (APFDigital)
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