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Concordia » Despertar Entrerriano
Fecha: 09/08/2025 09:42
En Entre Ríos, las personas condenadas por delitos sexuales no solo quedan registradas en el Registro Nacional de Reincidencia, donde figuran sus antecedentes penales, sino que también ingresan a un registro de agresores sexuales con su perfil genético, extraído mediante muestra de sangre tras la condena. Así lo confirmó a Despertar Entrerriano la fiscal de Género, Evelina Espinosa, quien precisó que este registro genético es administrado por la Oficina de Gestión de Audiencias y no por la Fiscalía. La fiscal aclaró que el Registro Nacional de Reincidencia es la herramienta que puede consultarse oficialmente para conocer los delitos por los que una persona fue condenada, incluyendo abusos sexuales, y que su verificación es clave en procesos de selección de personal para instituciones educativas. El acceso a esta información se encuentra respaldado por un Convenio Marco de Cooperación firmado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que establece la coordinación para intercambiar información registral y antecedentes penales de manera digital y segura. Cómo funciona el sistema de consulta Según el convenio, el Superior Tribunal, a través de su Departamento de Enlace con Organismos Nacionales, puede acceder a datos de organismos como: -Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. -Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal. -Dirección Nacional del Registro Nacional de Armas. -Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia. -Inspección General de Justicia, entre otros. Para las consultas sobre antecedentes, se crearon Unidades de Expedición y Recepción de Antecedentes Penales (UER), que permiten tramitar certificados e informes solicitados por el Poder Judicial o por particulares autorizados. Estas unidades operan con sistemas nacionales y están obligadas a garantizar la confidencialidad y seguridad de la información. Escuelas y antecedentes penales En el caso de contrataciones para trabajar en escuelas u otros ámbitos con menores, la normativa permite que los organismos del Estado exijan el certificado de antecedentes penales como parte del proceso de selección. Si la persona registra condenas por delitos sexuales, estas figuran explícitamente en el documento, lo que habilita a impedir su incorporación. No obstante, la fiscal Espinosa subrayó que la efectividad del sistema depende de que las instituciones realicen la consulta de manera obligatoria y previa a la contratación. Una herramienta que requiere uso constante El Convenio Marco, vigente desde 2015 y renovado automáticamente cada dos años, compromete al Superior Tribunal y al Ministerio a mantener operativos los sistemas, capacitar al personal y resguardar la confidencialidad. Pero su impacto real en la prevención de riesgos dentro de las escuelas radica en que cada organismo cumpla con el paso fundamental: pedir y revisar los antecedentes antes de designar un cargo. En un contexto donde la seguridad de niñas, niños y adolescentes sigue siendo prioridad, el acceso a estos registros —y su uso sistemático— puede marcar la diferencia entre proteger o exponer a quienes más necesitan cuidado. Fuente: Despertar Entrerriano
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