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» La Capital
Fecha: 08/08/2025 23:53
El Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe convocó a una audiencia de conciliación para el próximo lunes , en el marco del conflicto que involucra a los trabajadores de seguridad privada de la empresa CVS, prestadora de servicios en Celulosa Argentina. La medida fue dispuesta tras la protesta realizada este viernes por los vigiladores, quienes se manifestaron frente a la planta ubicada en la ciudad de Capitán Bermúdez, en reclamo del pago de los salarios correspondientes a julio y del atraso en las paritarias. La movilización fue acompañada por el Sindicato Unico de Trabajadores de Vigilancia Privada del Departamento San Lorenzo (Sutravip), que denunció la falta de respuestas por parte de la empresa. Desde el gremio señalaron que más de 50 trabajadores permanecen sin cobrar sus haberes y advirtieron que la situación se agrava ante la ausencia de certezas sobre los pagos y el futuro de la planta, que permanece paralizada por falta de insumos. La audiencia convocada por la cartera laboral buscará abrir un canal de diálogo entre las partes y destrabar el conflicto, que amenaza con extenderse a otros establecimientos donde la empresa CVS presta servicios. Trabajadores de Arca Por otra parte, se conoció que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó firme la medida cautelar que suspende el funcionamiento del botón digital para la desafiliación sindical de los trabajadores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), la ex Afip. La resolución contradice la postura del gobierno y mantiene sin efecto la herramienta que había sido implementada para facilitar la renuncia a la afiliación gremial. El sistema, habilitado en abril por Arca, permitía que cada trabajador accediera a su legajo digital y, con un solo clic, solicitara la baja de su afiliación a cualquiera de los tres sindicatos presentes en el organismo. Además, informaba de manera inmediata qué porcentaje del salario sería recuperado en el siguiente recibo mensual. Esta iniciativa fue rechazada por las organizaciones sindicales, que impulsaron acciones judiciales.
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