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Chajari » Chajari al dia
Fecha: 08/08/2025 08:51
La receta no tiene demasiada sofisticación y parte de una premisa cuantitativa. El estado Nacional tiene jurisdicción sobre 40.000 kilómetros de rutas, de las cuales, cerca de 10.000, concentran el 80 por ciento del tráfico. Esta porción es el paquete vial “rentable” y ese es el que se entregará al sector privado. Para el resto se aplicará otra receta: será mantenido mediante contratos con proveedores y ya no habrá tareas, como cortar el pasto o remediar el asfalto, que lleve adelante Vialidad Nacional. La pregunta que sigue bien podría ser a cambio de qué se le dará un corredor a un privado. Y la respuesta también es simple: deberá tener la ruta en “condiciones de transitabilidad” y cuando el Estado considere que está en esa categoría podrá cobrar un peaje. El precio también ya está escrito en los borradores de las licitaciones que se vienen: 4200 pesos por cada 100 kilómetros para los autos, valor que se multiplicará por siete para los camiones más grandes. En el medio, todos los demás rodados. El dueño de la concesión tendrá una fórmula de actualización ajustable cuya aplicación es automática, indicó Infobae. Es decir, no tiene que esperar que el regulador le apruebe el nuevo marco, sino que el Estado se limitará a controlar que el resultado de la fórmula polinómica esté correcto. Así será el mundo de las concesiones viales a partir del 8 de septiembre, cuando, finalmente, se abra el sobre de ofertas del primero de los corredores que será entregado con este régimen. Se trata de la llamada Ruta del MerCoSur, que contiene los tramos mesopotámicos de las 14 y la 14, además de los puentes del complejo Zárate Brazo Largo y Rosario-Victoria. Mientras tanto, en Nación dicen que el mostrador para que las provincias pidan y se lleven rutas para mantener y explotar está abierto. “Pero más allá de las declaraciones, vienen muy pocas. Pero encantadas en cederlas”, dice uno de los funcionarios que día a día interviene en el asunto. Hay un tema a tener en cuenta El Estado no puede hacer actos de disposición, como entregar una ruta a las provincias, sin pasar por el Congreso. Sin embargo, los técnicos en cuestiones administrativas que miran la regulación dicen que sí podrían entregar un corredor a una provincia, siempre y cuando sea esta la que la administre, con estructura pública, con algún ente o con una empresa estatal. Es decir, no la podría concesionar a un privado. La otra innovación es que no será necesario ser constructora para tener a cargo una concesión vial, apuntó Infobae. Es decir, a diferencia de lo que sucedió siempre, ahora cualquier empresa podría licitar un corredor. Por caso, dicen en el Palacio de Hacienda, un modelo productivo podría armar una sociedad para explotar una ruta que sea necesaria para la actividad de la región. Como se dijo, ya no será ser necesario ser constructora para tener una concesión de rutas. La motivación del cambio tuvo que ver con la impronta que llegó desde el presidente Javier Milei, que pasó por su ministro desregulador, Federico Sturzenegguer y que impregnó también a Luis Caputo, el titular de Economía, cartera que incluye a la infraestructura. Se trata de romper el llamado “club de la obra pública”, un lema discursivo de la campaña libertaria que empezó a tomar cuerpo no sólo con la paralización de los proyectos, sino también con el fin del Registro Nacional de Constructores para reemplazarlo por el Sistema de Información de Cocontratantes. Terminado ese proceso de llevar la traza a mejores condiciones, pues recién se habilitará el nuevo peaje de alrededor de 4200 pesos por cada 100 kilómetros y su actualización. Hasta entonces, pues sólo se permitirá el precio actual o el que tenga la tarifa al momento de concesionarla. Ahora bien, ¿qué sucede si las empresas no hacen las obras? De acuerdo al esquema que se elabora, el Estado, además de poder revertir la concesión, tiene la posibilidad de gatillar un seguro de caución, que les será exigido a las empresas, para llevar adelante la construcción. “El Estado jamás ejecutó una caución. Lo vamos a hacer si no cumplen”, se atajan en Economía. Además, habrá un seguro más. Se trata de mantener vivo el Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), uno de los fiduciarios que estaba listado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que iba a ser eliminado. Pues, no será así, ya que se utilizará como garantía en caso de que haya congelamiento en las tarifas de peaje en un futuro. El reciente reporte del staff del FMI se habla de la eliminación de todos los fondos fiduciarios, menos uno, antes de fines de 2025. La excepción es el fondo fiduciario para subsidios de gas residencial. Por ahora, no hay referencia en ese documento al mantenimiento con vida del FoGAr. Así las cosas, mientras la campaña avanza, las licitaciones de cerca de 10.000 kilómetros de rutas con peaje empezarán a avanzar. Resta ver los puntos y las comas de las licitaciones y, sobre todo, si hay interesados o no en entrar a un negocio que no ha logrado revertir la catástrofe vial argentina que durante décadas cambió seguridad por muerte.
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