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Parana » Informe Digital
Fecha: 03/08/2025 03:31
El 14 de febrero a las 19:01, en un viernes que solo destacaba por la celebración de San Valentín, el presidente Javier Milei utilizó su activa cuenta de X para publicar un tuit. En lugar de los habituales insultos a economistas o críticas a periodistas, el mensaje incluía un contrato inteligente para adquirir un criptoactivo denominado $LIBRA, con el objetivo de financiar empresas argentinas. $LIBRA experimentó una explosión inicial de su precio, pero luego se desplomó en cuestión de horas, dejando a numerosos damnificados y a algunos astutos inversores que, con mínima inversión, se llevaron más de 100 millones de dólares. Milei, por su parte, decidió borrar el tuit, convirtiéndolo en uno de los pocos mensajes eliminados de su perfil. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El tuit desencadenó un conflicto que abarca desde el complicado ámbito del trading de criptomonedas hasta los laberintos legales del Congreso, donde se investiga cómo el Presidente acabó promoviendo una memecoin que ahora está bajo sospecha de fraude. A continuación, se detalla un mapa de los diversos frentes donde se desarrolla este conflicto que involucra al Gobierno, según publicó el diario Clarín. En el ámbito judicial, las investigaciones sobre la posible estafa relacionada con $LIBRA avanzan a ritmos desiguales. Mientras en Estados Unidos las partes suman nuevas presentaciones y pruebas cada semana, en Argentina reina el hermetismo. Recientemente, se conocieron novedades del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, bajo la dirección de la jueza Jennifer L. Rochon. Allí se tramita la denuncia contra los empresarios detrás del proyecto, acusados de haber creado un esquema fraudulento para engañar a los inversores y permitir que ciertas billeteras cripto retiraran el dinero. La causa es impulsada por el inversor Omar Hurlock, junto a los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin, quienes la semana pasada ampliaron la denuncia original, solicitando que se investigue a los acusados como una “asociación ilícita empresarial” bajo la Ley RICO, equivalente a la Ley Antimafias local. Los abogados argumentan que la situación va más allá de una simple estafa o un negocio fallido, señalando a Hayden, Gideon y Charles Davis, junto a su empresa Kelsier Ventures, así como a la firma cripto Meteora y su CEO, Benjamin Chow. Por el momento, no se incluyen dentro de los acusados a funcionarios o empresarios argentinos, con el fin de simplificar el caso y buscar reparaciones económicas sin involucrar a un Presidente o al Estado. En un giro que intenta desacreditar a los inversores, Hayden Davis afirmó que $LIBRA fue siempre una memecoin, algo que contradice su anterior postura de que era una herramienta para financiar y invertir en PYMES argentinas. A medida que se desentraña el origen de la cripto, el nombre de Javier Milei comienza a aparecer con mayor frecuencia en el expediente. Hayden, en un escrito reciente, indicó que la criptomoneda fracasó definitivamente cuando Milei retiró su apoyo y borró el tuit. Por primera vez esta semana, se mencionó a Karina Milei, en el marco de la reconstrucción de las gestiones de lobby que Davis realizó durante casi un año para acercarse a los hermanos Milei. En un artículo del New York Times, se citó cómo Davis afirmaba tener influencia sobre el presidente a través de transferencias de dinero a Karina. “Podemos tener a Milei tuiteando, en reuniones personales o promocionando. A ese tipo lo tengo controlado. Le envío dinero a su hermana y hace lo que le diga. Es una locura”, se lee en un mensaje de texto de diciembre de 2024, que ahora se encuentra en la causa de Nueva York. Las partes se encontrarán nuevamente el próximo martes 19 de agosto, cuando la jueza Rochon decida sobre una orden de congelamiento aplicada a las billeteras virtuales de Kelsier Ventures, que contienen activos cripto valorados en aproximadamente 70 millones de dólares, fruto de retiros realizados la noche del lanzamiento de la criptomoneda. Davis afirmó que ese dinero pertenece a la Argentina. Curiosamente, un grupo de bonistas londinenses, que exigen el pago de un juicio ganado, ya ha consultado las condiciones para cobrarse de allí la deuda que el país tiene con ellos. En Argentina, la causa ha progresado en medio del hermetismo hasta la feria judicial. Está bajo la supervisión del fiscal federal Eduardo Taiano y la jueza María Romilda Servini, y apunta contra el presidente Milei, su hermana Karina, y otros empresarios cripto como Hayden Davis, Julian Peh, y los organizadores del Tech Forum, donde se cree que se iniciaron las reuniones para lanzar el proyecto. Taiano ha solicitado medidas de prueba a la embajada de Singapur sobre Julian Peh y también ha solicitado información a Meta y Google sobre la web “Viva la Libertad Proyect”, creada para canalizar posibles receptores de ayuda. El fiscal también pidió asistencia a especialistas para elaborar un análisis sobre la evolución patrimonial de Javier y Karina Milei, así como de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, desde 2023 a la actualidad. Uno de los objetivos de los querellantes es identificar a los propietarios de tres billeteras virtuales de Binance que realizaron las primeras compras de $LIBRA tan pronto como salió al mercado. Por su velocidad y montos, se sospecha que manejan información privilegiada. Taiano ha solicitado información a Binance, pero la plataforma decidió remitirla a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), dirigida por el fiscal Horacio Azzolin, quienes deben determinar la validez de dicha información. Las partes ya han solicitado acceso a esta información para su análisis. La Comisión $LIBRA se ha convertido en una de las cuestiones más complicadas para el oficialismo en la Cámara de Diputados, y parece estar atrapada en un laberinto. A meses de su creación, aprobada el 8 de abril, aún no ha podido establecer sus autoridades debido a un empate 14 a 14 entre sus miembros. Desde el oficialismo ya se susurra que el plazo de 90 días para su trabajo ha expirado, mientras que la oposición sostiene que la comisión no puede considerarse constituida, lo que significaría que el contador de días no ha comenzado. Efectivamente, la comisión se reunió en tres ocasiones. En el primer encuentro, el 30 de abril, intentaron elegir autoridades, sin éxito. El empate persistió, incluso en el recinto. Sin embargo, gracias a un acuerdo entre libertarios y kirchneristas, la comisión se reunió el 10 y 25 de junio para escuchar a expositores, bajo la presidencia itinerante del secretario parlamentario Adrián Pagán, una situación inédita según reflejó Clarín. En esas reuniones se definieron los expositores a citar y se escucharon, pero ambos encuentros generaron nuevas polémicas en torno a la comisión $LIBRA. Para los libertarios y sus aliados, la participación de Pagán ya significaba la constitución de la comisión, con lo cual comenzaría a contar el plazo de tres meses. Para la oposición, al no haber un diputado nombrado como titular, esos 90 días seguirían sin iniciar, es decir, con el cronómetro detenido. Así, el día de las exposiciones, algunos diputados decidieron abandonar la sala antes de escuchar al primer orador, incluyendo a Maximiliano Ferraro y Mónica Frade de la Coalición Cívica. “No estamos convalidando esta comisión, que no tiene autoridades y no puede investigar sin un liderazgo claro”, afirmaron. La cuestión de los plazos podría resolverse el próximo miércoles 6 de agosto, en el recinto donde la oposición intentará poner a discusión el proyecto de “los diputados lilitos”, respaldado por el arco opositor, para desencallar el debate estancado. La iniciativa busca modificar algunos artículos del proyecto que creó la comisión, de manera que se designe a un presidente en caso de empate. Para su aprobación se requieren dos tercios de los votos, algo que parece complicado, dada la delicadeza del asunto para el oficialismo. Por lo tanto, se prevé que, en la sesión, se solicitará a Silvia Lospennato, presidenta de Peticiones y Poderes, y a Nicolás Mayoraz de Asuntos Constitucionales, que emitan un dictamen a ser discutido en una nueva sesión convocada para el 20. El oficialismo sostiene que el proceso se ha completado, mientras que la oposición insiste en que ni siquiera ha comenzado. “Para nosotros, la resolución impulsada por la oposición está saldada. La integración de la comisión, su conformación y reglamento indican cómo actuar en cada etapa. De acuerdo a ello, la comisión se constituyó, se recibieron expositores que, según se evidenció, no aportaron pruebas concretas sobre la afectación de la estafa $LIBRA a los recursos públicos de los argentinos, y el plazo establecido se extinguió”, explicó Silvana Giudice del PRO. Para la diputada de la Ciudad de Buenos Aires, no hay más que discutir. “Con el cumplimiento del plazo estipulado, la actividad de la Comisión investigadora ha finalizado”, concluyó. Este argumento también fue compartido por el bloque de La Libertad Avanza y sus aliados, quienes consideran que la labor de la Comisión $LIBRA ha concluido. La Unidad de Tareas de Investigación, creada por el Gobierno mediante un decreto días después del tumulto político, finalmente está constituida por solo una persona: María Florencia Zicavo, mano derecha del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El Ministerio de Justicia confirmó este dato ante una solicitud de información pública de Clarín, que buscaba detalles sobre cuántas personas formaban parte de la unidad y su procedencia. Al momento de su creación, se estipuló que la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia presidiría la misma. El decreto 72/2025, firmado por Cúneo Libarona, así lo expresaba: “La UNIDAD DE TAREAS DE INVESTIGACIÓN (UTI) será presidida por la titular de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE JUSTICIA, para cumplir lo dispuesto por el Decreto N° 114 del 20 de febrero de 2025”. En un artículo específico, se anunciaba que la titular tendría a su cargo la elaboración de normas operativas. Sin embargo, un detalle que no se incluyó en el decreto, publicado el 26 de febrero en el Boletín Oficial, es que Zicavo sería la única integrante de esa unidad, además de su presidenta. En otras palabras, era jefa de ella misma, como reflejó Clarín. En respuesta a la solicitud de información pública de Clarín, el Gobierno comunicó que la “Unidad de Tareas de Investigación” estuvo compuesta exclusivamente por Zicavo, quien confirmó que su labor investigativa no generó gastos adicionales. María Florencia Zicavo, a sus 36 años, es la responsable de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y se ha convertido en una figura clave en la actual gestión. Con experiencia como docente y relatora en el ámbito administrativo, recién se incorporó al gobierno en junio de 2024. Por su papel en la UTI $LIBRA, Zicavo representó a Argentina en una Conferencia Internacional sobre Reasentamientos Humanos y Vías Complementarias en Ginebra, Suiza, según se detalla en el sitio del Ministerio de Justicia. En relación a la información, Clarín intentó conocer detalles sobre los datos recolectados por la Unidad, pero el Gobierno rechazó el pedido alegando que lo remitido al Ministerio Público Fiscal es confidencial. Se amparó en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, que establece casos en los que el Estado puede negarse a proporcionar información. El artículo mencionado indica que no se puede ofrecer “información elaborada por abogados de la administración pública cuya divulgación podría revelar la estrategia en un proceso judicial o las técnicas empleadas en una investigación”. En este contexto, el Ministerio de Justicia subrayó que el carácter reservado de la información gestionada por la UTI $LIBRA se estableció en el artículo 3 del decreto que creó la unidad, donde se señala que la información recopilada debe ser mantenida con medidas de seguridad para evitar su divulgación no autorizada. Un similar requerimiento de información había sido solicitado por el diputado Juan Marino, a lo que el Ministerio de Justicia respondió que la información estaba reservada. “El Ministerio de Justicia rechazó mi pedido para acceder al informe de la UTI sobre la estafa $LIBRA. Alegan que es información confidencial. ¿Por qué es secreto? ¿Qué ocultan?”, se cuestionó Marino. Tampoco hubo informes sobre los datos recolectados por Zicavo. Desde el inicio, la UTI $LIBRA tenía el exclusivo objetivo de reunir y enviar información a la Justicia, sin procesar ni emitir opinión alguna. “El Decreto 114/25 no estipuló que la UTI debiera elaborar informes finales”, argumentó el Ministerio de Justicia en su respuesta a Clarín. Así, lo único conocido sobre la funcionaria en la UTI $LIBRA, que tuvo una existencia efímera y fue disuelta el 20 de mayo, 90 días después de su creación, fue que solicitó información a varios organismos financieros, entre ellos la UIF, la CNV, la Agencia de Recaudación y el Banco Central. En su trabajo, Zicavo también obtuvo datos de la Casa Militar de la Secretaría General de Presidencia, identificando ingresos a la Quinta Presidencial y otros organismos relacionados. El 9 de julio, al ser consultado por el periodista Luis Majul en radio El Observador, Milei defendió la labor de la Unidad de Investigación, liderada por Zicavo. “La Oficina Anticorrupción probó que soy inocente”, afirmó. Pero Majul interrumpió: “La Oficina Anticorrupción ya estaba mal durante el gobierno de Macri, es parte del poder Ejecutivo…”. Milei respondió: “Nosotros creamos una unidad transitoria que recopila información. Todo se puso a disposición de la Justicia. No tenemos ningún problema en hacerlo. No hay corrupción. ¿Sabes por qué? Porque no intervienen fondos públicos”. El Presidente consideró el caso $LIBRA como una táctica en su contra. “Yo me estoy bancando el vuelto, porque estoy haciendo una reforma del Estado. $LIBRA es un vuelto…” concluyó.
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