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» Diario Cordoba
Fecha: 01/08/2025 16:08
El gran apagón intensificó el debate sobre si es necesario aplazar los cierres de las centrales nucleares en España. Pero el intento de las grandes de explorar activamente con el Gobierno un cambio en el calendario de clausuras de los reactores ha entrado en una situación de bloqueo. Las posiciones de partida de ambas partes se han enquistado con vetos recíprocos y condiciones previas que alejan la posibilidad de iniciar una negociación real sobre el futuro del parque nuclear nacional. El Ejecutivo y las compañías energéticas propietarias de las plantas (Iberdrola y Endesa como socios mayoritarios en las diferentes centrales y con Naturgy y EDP con participaciones minoritarias en algunas de ellas) se enrocan y se mantienen firmes en sus posiciones maximalistas sobre qué negociar. Y en esta situación de parálisis anticipada, nadie se ha sentado a negociar formalmente un eventual cambio en el calendario de cierres de las nucleares, que actualmente prevé clausuras escalonadas entre 2027 y 2035 y que fue pactado por las propias compañías energéticas hace seis años. El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, descarta iniciar un diálogo real sobre la revisión de las fechas de cierres hasta que las compañías propietarias hagan una propuesta concreta, formal y consensuada entre todas las empresas. Iberdrola, Endesa y Naturgy están alineados sobre la necesidad de revisar las fechas de cierre previstas, pero en ese consenso mínimo aparecen algunas diferencias de matiz o de intensidad sobre cómo abordar un aplazamiento. Una vez que las eléctricas articulen una posición común, el Gobierno exige que la propuesta que trasladen cumpla con unas líneas rojas para tramitarla. Las líneas rojas y el póker Fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que el pasado mayo mostró su disposición a estudiar una ampliación de la vida de todas las centrales nucleares si lo piden las eléctricas -aunque en Moncloa no lo vean imprescindible para el país-, pero solo si la solicitud cumple determinadas condiciones previas: que se garantice la seguridad de las centrales, que la ampliación de la vida sirva para asegurar la seguridad de suministro eléctrico y, sobre todo, que no implique una subida de la luz al trasladar a la factura parte de los costes que ahora asumen las propias compañías eléctricas. El Ejecutivo se abría a estudiar cambios en el calendario pero sin cruzar esas líneas rojas férreas. Una posición que no ha cambiado ni un milímetro en estos tres meses. La exigencia gubernamental de que la propuesta de las eléctricas no conlleve el traslado de costes a todos los consumidores en el recibo de luz es la que ha condenado hasta ahora a una parálisis total el proceso para intentar aplazar el cierre de las centrales nucleares españolas. Y es que para las eléctricas propietarias de los reactores resulta imprescindible una rebaja de los impuestos que pagan las centrales para plantearse una ampliación de las operaciones y aplazar su clausura. Si no hay una revisión de las condiciones de fiscalidad y económicas de las plantas nucleares, las compañías dicen no estar interesadas en seguir con ellas porque no son rentables. Es su propia línea roja. Gobierno y eléctricas están protagonizando una gran ‘partida de póker’ que bloquea el inicio de una negociación formal sobre el futuro de las nucleares. Un juego en el que ambas partes buscan llegar en una posición de fuerza en el momento en que se abran las conversaciones de verdad. Las exigencias previas e irrenunciables de uno y otros sobre los impuestos de las nucleares se han convertido en el escollo fundamental para que se produzca cualquier avance. Las eléctricas quieren que el Gobierno acabe reconociendo que aplazar el cierre de las nucleares es necesario para dar estabilidad al sistema eléctrico, y así la negociación se centrará en qué condiciones permiten mantener abiertas las plantas (fundamentalmente las condiciones económicas y fiscales para garantizar su viabilidad y rentabilidad). Y el Ejecutivo niega que mantener las nucleares sea imprescindible y presiona para que las compañías, si piden prorrogar las licencias de las plantas, lo hagan en todo caso asumiendo el actual marco económico y regulatorio. El primero que se mueva de su posición maximalista inicial ‘pierde’. El que aguante más llegará en una posición de fuerza a la mesa de diálogo. Juego de cartas Iberdrola y Endesa enviaron por carta al Ministerio para la Transición Ecológica hace casi dos meses una primera propuesta para ampliar la vida de las centrales nucleares y postergar el calendario de cierres previsto. La carta solo estaba firmada por las dos mayores eléctricas españolas, pero no por Naturgy ni EDP, las otras dos eléctricas que suscribieron en 2019 el protocolo que establece el calendario de cierre de las centrales y que son accionistas minoritarios en varios reactores (una circunstancia que resulta relevante porque las decisiones estratégicas sobre las centrales han de adoptarse por unanimidad de todos los socios, con independencia del peso accionarial de cada uno). En la misiva, Endesa e Iberdrola también reclamaban una rebaja de impuestos y otras facilidades económicas como condición para la ampliación de la vida de las centrales nucleares. Como ya informó entonces este diario, el Gobierno respondió en junio a las eléctricas rechazando la propuesta porque no cumplía con sus líneas rojas. El diálogo entre ambas partes ha encallado antes de empezar y desde entonces no ha habido más movimientos, avances ni novedades. Las eléctricas y los matices Endesa es la eléctrica más interesada en mantener operativas lo máximo posible las plantas nucleares españolas, por tener concentrada su actividad solo en el mercado español y por la mayor necesidad para contar con la producción de los reactores para cubrir gran parte de las necesidades de sus comercializadoras. Por eso Endesa se mueve para tratar de articular una posición común de todas las grandes eléctricas con objetivos ambiciosos para impulsar el aplazamiento de las clausuras. El planteamiento de Endesa es conseguir que todas las centrales nucleares aplacen tres años su cierre en relación con la fecha prevista y con ello retrasar el apagón nuclear total en España de 2035, como está ahora programado, hasta el año 2038. Y se mueve para conseguir que se abra una negociación con el Gobierno que se centre en las “razones técnicas” que harían necesaria la continuidad de la energía nuclear más allá de lo previsto. Y la compañía confía en que “pronto” puedan reunirse todas las eléctricas con participaciones accionariales en las centrales para debatir el futuro del parque nuclear y encontrar una posición común. Las cuatro grandes eléctricas firmaron en 2019 con el Gobierno un protocolo de cierre nuclear que recogía un calendario de clausuras escalonadas de todas las plantas entre 2027 y 2035. El plan de Endesa pasa por retrasar el primer cierre previsto, el de la central Almaraz, de 2027 a 2030, y aplazar las dos últimas clausuras, las de Vandellós II y Trillo, de 2035 a 2038. Sin embargo, en la carta que enviaron hace dos meses Endesa e Iberdrola al Gobierno se recogía un consenso mínimo entre las dos eléctricas, y planteaba retrasar el cierre entre dos y tres años solo de algunas centrales (Almaraz I y II, Ascó I y II, y Cofrentes), pero mantenía la fecha del apagón nuclear total en 2035. El escenario al que aspira Endesa ahora es más ambicioso. Iberdrola y Endesa también incluyeron en la carta una petición de rebaja de impuestos para las centrales. Entre impuestos, tasas autonómicas y otras prestaciones abonadas para hacerse cargo de costes futuros de su actividad, la electricidad producida por las centrales nucleares actualmente paga 28,2 euros por megavatio hora (MWh). De este importe, unos 17 euros por MWh corresponden a impuestos y tasas tanto estatales como autonómicos, y a estos se suman otros 10,36 euros de la tasa que pagan las centrales en función de la electricidad que producen para financiar los costes de que el Estado gestione sus residuos radiactivos y ejecute su desmantelamiento futuro. En total, las grandes eléctricas estiman que las centrales nucleares pagarán más de 1.500 millones de euros por tributos y tasas durante 2025. Las dos grandes eléctricas plantean la necesidad de que los 17 euros por MWh de impuestos y tasas que se carga a la electricidad que producen las nucleares rebajen en al menos 10 euros, con un recorte del 60% de la carga fiscal actual. Un recorte de 10 euros por MWh que se repartiría prácticamente a partes iguales entre la fiscalidad de la Administración central y la de las comunidades autónomas en que se localizan las centrales, tanto con rebajas como con eliminación de algunos impuestos y tasas. A esa rebaja del 60% de los impuestos y tasas que pagan las nucleares se sumaría también un recorte de la tasa que las centrales abonan a la sociedad pública Enresa por gestionar sus residuos radiactivos. Las plantas abonan este gravamen en función de la electricidad que producen cada año y el cálculo de su cuantía se realiza en función del tiempo previsto de funcionamiento de las plantas. Así que si las centrales nucleares amplían su vida operativa y retrasan el cierre, el importe de la tasa bajaría de una manera semiautomática. Naturgy, por su parte, hasta ahora solo ha defendido públicamente aplazar el cierre de Almaraz I y II hasta 2030, y dedicar esos años de operativa extra para repensar qué hacer con el resto de centrales, pero no ha reclamado abiertamente una revisión de la fiscalidad de las nucleares y no parece que sea un tema crucial para el grupo. Batalla judicial Con la posibilidad de alcanzar un acuerdo en punto muerto, las compañías eléctricas van armando una batalla legal para tumbar parte de la fiscalidad de las centrales. La patronal Foro Nuclear (que agrupa a las cuatro eléctricas propietarias de las plantas) y algunas de las compañías han presentado recursos en el Tribunal Supremo contra el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) y contra el carpetazo al proyecto de construir un solo almacén centralizado en Villar de Cañas (Cuenca), dos decisiones del Gobierno que han derivado en la subida del 30% de la tasa que pagan las centrales para financiar los costes de gestionar sus residuos nucleares. Y, en paralelo, Iberdrola y Endesa han tramitado la petición al Estado de reclamaciones por un importe conjunto de 778 millones por el impacto en sus cuentas de la subida de la ‘tasa Enresa’. Suscríbete para seguir leyendo
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