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Parana » Informe Digital
Fecha: 31/07/2025 00:29
Han transcurrido tres meses desde que el gobierno de Javier Milei desreguló la importación de maquinaria agrícola usada. En este contexto, las empresas agrupadas en la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores (AFAT) han vuelto a expresar su preocupación ante el riesgo de una “competencia desleal” y la imperiosa necesidad de establecer reglas claras que mantengan el equilibrio del mercado. En una convocatoria a los medios, los empresarios solicitaron el restablecimiento de “un sistema que consulte al fabricante nacional” antes de permitir la entrada de máquinas importadas, similar al que existía anteriormente. La derogación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) eliminó un mecanismo que obligaba a consultar a los fabricantes locales antes de autorizar la entrada de maquinaria agrícola usada. Sin el CIBU, ahora se permite la entrada libre de equipos usados de cualquier segmento, lo que genera inquietud en el sector ante el posible impacto en un mercado ya afectado por variables estacionales y financieras, así como por el clima electoral. Los empresarios del sector consideran que será necesario esperar al menos un ciclo agrícola para analizar los efectos que provocará la entrada de los equipos importados. “Debemos aguardar un año completo para realizar un verdadero análisis sobre si esto tendrá un gran impacto o no. ¡Ojalá que no!”, afirmó Leandro Brito Peret, director ejecutivo de AFAT. Brito Peret indicó que el 80% del parque de cosechadoras en Argentina tiene más de 10 años de antigüedad, mientras que en el caso de los tractores, el 70% supera los 18 años. El ideal técnico para los tractores debería ser de alrededor de 4 años de uso. En Brasil, por ejemplo, la antigüedad promedio considerada eficiente para tractores se encuentra entre 6 y 7 años. “Estamos muy a favor del libre comercio y la apertura comercial, siempre y cuando haya reglas claras y un terreno nivelado para que todos podamos competir”, agregó Juan Lozano, gerente de relaciones institucionales de CNH Argentina. Esta visión también fue compartida por Carlos Palmieri, gerente general de Jacto Argentina y vicepresidente de AFAT, así como por Daiana Repetti, responsable de Marketing de Claas Argentina. Los empresarios subrayaron que una cosechadora con tecnología actual puede aumentar la productividad entre un 20% y un 25% en comparación con una máquina de hace 10 años. “A mayor productividad en el campo, más se beneficia el Gobierno, ya que sabemos que es el motor de nuestra economía. Por otro lado, también está el tema de los servicios: podemos identificar cuándo una máquina está funcionando mal. Recibimos alertas en nuestros centros de control y nos comunicamos con el productor para indicarle que detenga la máquina, evitando paradas prolongadas y reduciendo costos tanto para la empresa como para el productor”, justificó Lozano. Aunque el impuesto PAIS caducó en diciembre de 2024, lo que disminuyó la carga tributaria, “se ha mantenido el efecto financiero de una considerable suma de dinero que tenía el Gobierno en concepto de crédito fiscal”. Brito Peret observó que “los pagos llegan a cuenta gotas y el costo lo termina asumiendo la sociedad”. “Es claro que hay muchas cosas por mejorar. Nos sorprende a veces la rapidez con la que se están realizando ciertos cambios y el nivel de diálogo. No siempre las correcciones realizadas son de nuestro agrado, pero se están llevando a cabo muchas”, analizó Palmieri, quien también pidió facilidades para avanzar en los pagos en dólares dentro de la cadena. Los empresarios señalaron el costo laboral y productivo que hoy afecta a la industria, concordando en que el costo fiscal estructural es algo que perdura con el tiempo. “Es fundamental reducir la carga impositiva primero; luego, la laboral, salarial y la infraestructura. Hay muchos otros aspectos que deben cambiar en la remuneración para presentar cifras objetivas, que no son resultado de un único factor: un operario de fábrica en Brasil gana hoy el equivalente a 450 dólares, mientras que en Argentina gana 1000 dólares por producir lo mismo. Las cargas sociales y el costo asociado al Estado están completamente desbalanceados”, sentenció Palmieri. Asimismo, enfatizaron la necesidad de una ley de tránsito específica para maquinaria agrícola, como las que poseen Brasil, Estados Unidos y Uruguay. “Desde la industria consideramos que debemos trabajar en conjunto: con el campo, los fabricantes, Vialidad y los municipios. No se trata solo de una ley, sino de un sistema de trabajo. Actualmente, si deseas trasladar una cosechadora de un campo a otro, debes esperar no encontrar tránsito o hacerlo a primera hora de la mañana. Esto también forma parte de tener reglas claras para el campo. A veces se piensa únicamente en impuestos o retenciones, pero esto abarca también competitividad, seguridad y previsibilidad para una actividad clave del interior”, agregó Lozano.
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