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Parana » Informe Digital
Fecha: 31/07/2025 00:26
El Gobierno de Javier Milei formalizó este miércoles la renuncia de Osvaldo Rolando como interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) a partir del 1 de agosto, y designó “ad honorem” al abogado Néstor Lamboglia para ocupar ese cargo. Estos cambios se dieron a conocer tras el anuncio de la unificación del Enre con el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), con el objetivo de crear un único organismo, y de la reciente revisión de tarifas para el sector. La renuncia de Rolando y la designación de Lamboglia fueron oficializadas mediante la Resolución 330/2025 publicada en el Boletín Oficial. Lamboglia es abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata, con una especialización en Derecho de la Regulación Económica de los Servicios Públicos en la Universidad Austral. Con más de 30 años de experiencia en el sector eléctrico, Lamboglia ha desempeñado roles clave en organismos de control y en el ámbito binacional: fue Secretario Letrado del Directorio y Gerente de Control de Concesiones en el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA); Coordinador Legal de la Secretaría de Energía Eléctrica en el entonces Ministerio de Energía y Minería; y Asesor Letrado argentino en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, además de Asesor Jurídico de Yacyretá. En los últimos años integró el equipo de asesores de la Secretaría de Energía de la Nación y, más recientemente, ocupó la Secretaría de Directorio del ENRE. “Su designación reafirma la decisión de mantener una conducción con amplio conocimiento técnico, regulatorio y jurídico del sector eléctrico, en un momento crucial para consolidar la previsibilidad tarifaria, atraer inversiones y reorganizar institucionalmente el organismo”, afirmaron desde el Gobierno. Rolando había sustituido a Darío Arrúe en un cambio impulsado por la llegada de María Tettamanti como secretaria de Energía tras la salida de Eduardo Rodríguez Chirillo. De este modo, en los próximos días se verá un tercer interventor del Enre en lo que va de la gestión de Milei, que se extiende por poco más de un año y medio. El Enre, creado en 1993, regula la actividad eléctrica y supervisa que las empresas del sector, como Edenor y Edesur, cumplan con las obligaciones establecidas en el Marco Regulatorio y los Contratos de Concesión. Se trata de un organismo autárquico que se alinea con las directrices de la política energética nacional en cuanto al abastecimiento, transporte y distribución eléctrica. El Gobierno, mediante la publicación del Decreto 452/2025, oficializó la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía y deberá comenzar a operar en un plazo máximo de 180 días desde julio. El directorio del nuevo ente estará compuesto por cinco miembros, designados por el Poder Ejecutivo, quienes deberán contar con antecedentes técnicos y experiencia en la industria del gas y la electricidad. Los mandatos tendrán una duración de cinco años y podrán renovarse indefinidamente, implementando ceses escalonados para garantizar la continuidad institucional. En el sector prevén que la designación de los nuevos directores no será una tarea sencilla. La alta cualificación exigida para los puestos, junto con el congelamiento de los sueldos en el sector público, complican el proceso. La fusión de los entes se lleva a cabo en medio de la crisis desencadenada esta semana por la ola de frío, que provocó cortes de gas a empresas, estaciones de servicio y hogares, como en Mar del Plata, y niveles récord en la demanda de electricidad, lo que obligó a las distribuidoras a realizar interrupciones preventivas. En el sector coinciden en que el próximo verano podría traer apagones masivos. Desde el inicio de su gestión, el Gobierno de Milei ha impulsado un proceso de significativos aumentos de tarifas para mejorar la rentabilidad de las distribuidoras y transportistas de energía, sumándose a la “motosierra” aplicada sobre los subsidios. La premisa oficial es que la mejora en los ingresos de las empresas las convertirá nuevamente en sujetos de crédito, después de años de atraso tarifario, permitiendo así financiar inversiones en la red.
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