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» Comercio y Justicia
Fecha: 30/07/2025 19:30
La diputada nacional María Emilia Orozco (LLA) presentó un proyecto de ley que para agravar las penas por robo si la víctima es una persona con discapacidad debidamente acreditada -ya sea mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o por otro medio idóneo-, fijando una condena de entre tres y 10 años de prisión. El proyecto propone la incorporación del artículo 164 bis al Código Penal. En sus fundamentos del proyecto, Orozco argumentó que la legislación actual no contempla agravantes vinculados a la condición de la víctima, lo que deja sin respuesta penal adecuada a situaciones en las que el delincuente se aprovecha de una persona en situación de vulnerabilidad. Citó como base constitucional el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, que les otorgó jerarquía constitucional a tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada por Ley 26.378. La convención obliga a los Estados a adoptar medidas para proteger a las personas con discapacidad frente a cualquier forma de violencia, abuso o explotación. “Cuando un delincuente elige como víctima a quien no puede huir, resistirse o pedir ayuda, no está cometiendo un simple robo: está abusando deliberadamente de su discapacidad”, sostuvo Orozco. Según la legisladora, ello exige una respuesta penal distinta porque “hay un agravante moral que no puede ignorarse”. También apuntó contra sectores políticos que, a su entender, hicieron de la causa de la discapacidad una “bandera simbólica”, pero sin avanzar en medidas concretas. “La coherencia no se mide por lo que se grita en una plaza ni por la cantidad de símbolos que se exhiben, sino por lo que se vota en el recinto”, afirmó. La iniciativa se inscribe en una tendencia regional de endurecimiento de penas frente a delitos cometidos contra personas en situación de vulnerabilidad. En países como Perú, por ejemplo, se aprobaron reformas que agravan las sanciones por robo cuando las víctimas son discapacitados, adultos mayores o menores de edad.
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