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Parana » ER 24
Fecha: 24/07/2025 07:54
El ocaso del Tribunal de Cuentas / Declararte culpable no vas preso: Smaldone admitió corrupción y se tambalea la legitimidad de miles de dictámenes El ex presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Guillermo Smaldone, firmó un juicio abreviado y admitió su participación en hechos de corrupción. La noticia sacude los cimientos de un órgano clave del control público, cuyos dictámenes de las últimas dos décadas quedan ahora bajo un manto de sospecha. En un giro que confirma lo que se decía en voz baja desde hace años, Guillermo Smaldone, ex titular del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, reconoció su culpabilidad en un proceso penal por corrupción y acordó no ir a prisión a cambio de una condena en juicio abreviado. El hecho pone en jaque la credibilidad institucional del órgano encargado de controlar la legalidad de los actos administrativos en la provincia. Título: El ocaso del Tribunal de Cuentas: Smaldone admite corrupción y se tambalea la legitimidad de miles de dictámenes Subtítulo: El ex presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Guillermo Smaldone, firmó un juicio abreviado y admitió su participación en hechos de corrupción. La noticia sacude los cimientos de un órgano clave del control público, cuyos dictámenes de las últimas dos décadas quedan ahora bajo un manto de sospecha. En un giro que confirma lo que se decía en voz baja desde hace años, Guillermo Smaldone, ex titular del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, reconoció su culpabilidad en un proceso penal por corrupción y acordó no ir a prisión a cambio de una condena en juicio abreviado. El hecho pone en jaque la credibilidad institucional del órgano encargado de controlar la legalidad de los actos administrativos en la provincia. El caso Smaldone no es un hecho aislado, sino la punta de un iceberg de irregularidades que se viene gestando desde hace al menos dos décadas. Durante años, el Tribunal de Cuentas operó como una estructura cerrada, sin control social ni revisión judicial efectiva, en la que funcionarios designados a dedo respondían más a la lógica del encubrimiento que al deber de auditar con independencia los actos del poder político. Smaldone fue uno de los artífices de ese modelo, y su confesión judicial de haber participado en delitos contra la administración pública confirma lo que muchos sabían: el órgano que debía controlar fue controlado desde adentro por los corruptos. Pero el daño no termina allí. La condena —aunque sin prisión— tiene implicancias devastadoras: miles de dictámenes, resoluciones y auditorías emitidas durante su gestión pueden ahora ser cuestionadas, ya que fueron firmadas por quien hoy admite haber actuado al margen de la ley. Cualquier abogado litigante sabe que el vicio en el funcionario contamina el acto administrativo. ¿Qué validez pueden tener los actos de control emitidos por un condenado por corrupción? Una silla ocupada por corruptos El cargo de presidente del Tribunal de Cuentas parece, lamentablemente, haber sido reservado a figuras funcionales al poder de turno o directamente vinculadas a escándalos de corrupción. Smaldone, que accedió al cargo por impulso del bustismo, ahora confiesa. Pero Diego Lara, su sucesor, no está en mejores condiciones morales para ocupar el sillón. Si bien no ha sido condenado, la investigación judicial ha revelado que cobró 546 cheques vinculados a la causa de los contratos truchos, una de las maniobras de desvío de fondos públicos más escandalosas de la historia entrerriana. El argumento de que “aún no está condenado” no alcanza para proteger una institución que requiere la máxima transparencia, independencia y honorabilidad. El hecho de que un integrante clave del esquema de contrataciones irregulares se haya reciclado como “juez” del control público es un insulto a la ciudadanía. Un órgano que no controla, encubre El Tribunal de Cuentas debería ser el guardián de la integridad del gasto público. Pero en Entre Ríos hace 20 años que no cumple ese rol. Las rendiciones de cuentas de los municipios, entes autárquicos, contrataciones directas, licitaciones millonarias y convenios con empresas privadas han sido aprobadas sistemáticamente, sin análisis real ni consecuencias jurídicas, aún en los casos con evidente desvío de fondos. La admisión de Smaldone es una oportunidad histórica para repensar este órgano. No puede haber control sin transparencia, ni justicia sin consecuencias. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué se hizo con su dinero, y el sistema democrático exige órganos de control que no estén colonizados por el mismo poder al que deben auditar. ¿Y ahora qué? La clase política y judicial entrerriana debe una explicación seria. ¿Se revisarán los dictámenes firmados por Smaldone? ¿Se exigirá la renuncia de Diego Lara hasta que aclare su situación? ¿O se continuará con la farsa de que el Tribunal de Cuentas funciona como corresponde? La condena de Smaldone no es el cierre de un capítulo, sino el inicio de un escándalo mayor. Y si la dirigencia no actúa, será la ciudadanía la que deba volver a levantar la voz y exigir justicia, control y transparencia.
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