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» Radio Sudamericana
Fecha: 23/07/2025 17:20
Martes 22 de Julio de 2025 - Actualizada a las: 08:42hs. del 23-07-2025 MALESTAR EMPRESARIAL Empresarios de Corrientes manifestaron su preocupación por la decisión judicial que obliga nuevamente a realizar el aporte patronal al Instituto de Capacitación para el Personal de Comercio, que había sido suspendido por decreto. Roberto Báez, presidente de FECORR remarcó que "estos costos terminan trasladándose al precio de los productos" y que no todas las presas lo consideran útil. Un reciente fallo judicial reavivó la controversia en torno al aporte patronal obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INCAP), restableciendo su obligatoriedad para todas las empresas del sector, sin importar su tamaño ni su afiliación institucional. La medida anula de hecho los efectos del decreto nacional 149/2025, que había establecido el carácter optativo del mismo. Desde el sector pyme, la reacción no se hizo esperar. Roberto Báez, referente de la Federación Empresarial de Corrientes (FECORR), expresó su malestar en diálogo con Radio Sudamericana: “Estamos muy preocupados. Esto representa un costo que termina trasladándose al precio de los productos. Además, no todos los empresarios consideran útil el servicio que brinda el INCAP”. El aporte obligatorio, equivalente al 0,5% del sueldo básico de los empleados de comercio, suma alrededor de 70 mil millones de pesos anuales y es administrado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) junto con otras cámaras empresariales. Las declaraciones del vicepresidente de la Federación Económica de Corrientes, Iván Vila, defendiendo el carácter voluntario del aporte, generaron confusión y malestar. “No entendemos por qué dijo que era voluntario, cuando hoy por hoy es obligatorio por fallo judicial”, cuestionó Báez. Desde FECORR insisten en que el aporte debería ser optativo, tal como lo establecía el decreto suspendido: “Las instituciones deben sostenerse con fondos genuinos de sus asociados. Si una empresa considera que el servicio es útil, que lo pague. Pero no se puede obligar a todos por igual”, remarcó. ¿Qué dice el fallo? La resolución judicial surge tras un recurso de amparo que revirtió el decreto nacional, devolviéndole carácter obligatorio al aporte al INCAP. Incluso, según trascendió, las empresas podrían verse obligadas a abonar los montos retroactivos correspondientes al período en el que no se realizaron los pagos. “Además del aporte, se suman los honorarios legales de quienes gestionan la cobranza, lo que incrementa aún más el costo para el empresario pyme”, advirtió Báez, quien confirmó que su organización continuará con acciones judiciales para frenar la aplicación de la medida. Debate abierto y sin resolución final El tema promete seguir en debate. El propio Gobierno nacional había impulsado, a través del ministro Federico Sturzenegger, la eliminación de este tipo de aportes compulsivos tanto en el sector empresario como en el sindical. La idea era trasladar esa lógica a la reforma laboral, promoviendo la voluntariedad tanto de la cuota solidaria sindical como del aporte patronal a instituciones como el INCAP. Sin embargo, el fallo judicial obliga ahora a todas las empresas a volver a pagar ese aporte, lo que impacta especialmente en las pymes, que ya habían dejado de hacerlo desde la entrada en vigencia del decreto. “Es un retroceso. Seguiremos impulsando que esta cuota vuelva a ser optativa. Mientras tanto, debemos cumplir con la ley, pero sin dejar de expresar nuestro rechazo”, concluyó.
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