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Colon » El Entre Rios
Fecha: 23/07/2025 16:30
Por Magdalena Vinacur - Abogada de Familia y Penal, de Colón En los últimos meses, se ha instalado con fuerza en el debate público una preocupación legítima: las denuncias falsas en el marco de conflictos familiares y de género. Esta realidad existe, y negarla sería tan irresponsable como invisibilizar cualquier otro fenómeno social que cause daño. Pero también es cierto que estas denuncias representan un porcentaje ínfimo dentro del universo de causas judiciales: menos del 10%, según múltiples estudios nacionales e internacionales. Entonces, ¿por qué generan una reacción tan desproporcionada respecto de su incidencia real? El problema no es solo cuantitativo, sino simbólico y emocional. Una denuncia falsa tiene un poder de daño inmenso: destruye vínculos, arrasa la confianza social, genera huérfanos con padres vivos, y lo más grave, siembra sospechas sobre quienes sí denuncian con verdad y con dolor. En un sistema judicial ya tensionado por la desconfianza, las falsas denuncias operan como un virus que debilita la credibilidad del relato de las víctimas verdaderas, muchas de las cuales ya cargan con el peso de haber sido silenciadas durante años. El llamado que deseo hacer en estas líneas es doble. En primer lugar, a quienes se sienten legítimamente conmovidos o indignados por una denuncia falsa: los necesitamos también conmovidos frente a la evidencia de una realidad abrumadora. Las estadísticas del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de organismos especializados lo confirman una y otra vez: más del 90% de las denuncias por violencia de género, abuso sexual infantil o maltrato familiar son fundadas. Son reales. Y en esos casos, el daño ya ha sido infligido. A veces, de forma irreversible. Entonces, ¿por qué no hay igual reacción frente a esa mayoría silenciosa? ¿Por qué tantas veces se alzan voces furiosas ante una denuncia falsa, pero permanecen en calma ante la sistemática vulneración de los cuerpos y las infancias? En segundo lugar, quiero apelar a una reflexión ética profunda: denunciar falsamente no solo es un delito, es una injusticia multiplicada. Porque no solo se daña al denunciado, sino también a los hijos e hijas que quedan atrapados en medio de una guerra que los excede, y —tal vez más trágico aún— se debilita la palabra de las personas que sí denuncian con fundamento. Cada vez que una denuncia falsa ocupa titulares, hay un alma a la que mañana no le van a creer. Por eso, no basta con señalar las falsas denuncias. Hay que luchar contra ellas, con firmeza, con investigación, con responsabilidad. Pero no a costa de invalidar el sistema de protección. No a costa de silenciar el grito de quien aún hoy teme hablar. No se trata de elegir entre creer todo o no creer nada. Se trata de crear sistemas que escuchen a todas las personas con seriedad, que investiguen, que resuelvan con justicia y que nunca olviden que detrás de cada expediente hay vidas. Necesitamos madurez emocional y jurídica para no caer en falsas dicotomías, comprender que los extremos nos paralizan: ni negar que hay denuncias infundadas, ni usarlas como excusa para deslegitimar los reclamos verdaderos. La justicia —como la palabra— se construye también desde la empatía y desde la responsabilidad con la verdad. Porque al final, entre verdades que duelen y mentiras que destruyen, lo que queda en el medio es una infancia que se va…
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