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Parana » Paginajudicial
Fecha: 18/07/2025 23:02
Ricardo Álvarez decidió acogerse a su jubilación y el presidente Javier Milei ya le aceptó la renuncia a partir del 1 de septiembre. Su salida se produce en medio un clima de reconocimiento unánime de la Justicia Federal entrerriana, pero abre incertidumbres ante la inminente entrada en vigencia del sistema acusatorio. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Ricardo Álvarez, fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, presentó su renuncia para acogerse a su jubilación a partir de 1 de septiembre, tras haber transitado una carrera de cuarenta años en el Poder Judicial. La dimisión fue aceptada por el presidente Javier Milei, a través de un decreto que se publicó el miércoles en el Boletín Oficial y que clausura la carrera judicial de Álvarez a partir del 1 de septiembre. La renuncia de Álvarez se produce en la inminencia de la implementación del nuevo sistema acusatorio en la justicia federal de Entre Ríos, un modelo procesal que, en términos genéricos, implica que el Ministerio Público Fiscal asume el rol de titular de la acción penal, en confrontación con la defensa y ante un juez imparcial que custodia los derechos y garantías de la investigación. Aunque nada de esto tiene que ver con la decisión de Álvarez, su salida tendrá repercusiones operativas en la jurisdicción, donde el único titular es el fiscal ante el Tribunal Oral Federal, José Ignacio Candioti; mientras que Leandro Ardoy es subrogante en la fiscalía de primera instancia. Cuatro décadas Ricardo Carlos María Álvarez, 65 años, nacido en Villaguay, se jubila después de haber transitado los tribunales federales durante más de cuatro décadas: es abogado, especialista en Criminología y en Derecho Penal; egresó de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en 1984, aunque había iniciado su carrera judicial un par de años antes, mientras avanzaba en la carrera, como auxiliar en la fiscalía de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná; el mismo lugar donde luego fue relator, prosecretario administrativo y secretario; a partir de 1993 fue el primer secretario del Tribunal Oral Federal de Paraná, hasta su llegada como fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones en las agitadas jornadas de diciembre de 2001. La anécdota es que ningún medio cubrió la jura y a poco estuvo de perdérselo el entonces procurador general, Nicolás Becerra, que debió transitar entre piquetes y calles cortadas el trayecto desde el aeropuerto hasta el centro de Paraná, aquel día trágico del 20 de diciembre de 2001, mientras miles de personas se movilizaban bajo la consigna “que se vayan todos”. Paralelamente construyó una carrera docente, primero como ayudante de cátedra de Enrique García Vitor; y luego ya como profesor titular de Derecho Penal en carreras de grado y posgrado; también ha sido consejero directivo de la UNL, integró el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y fue miembro del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación, entre una larga lista de etcéteras. También fue discípulo y amigo de Esteban Righi, a quien siempre nombra por el apodo con el que lo llamaban los más cercanos: “Aprendí mucho de Bebe; aprendí del hombre de la política, del hombre de la academia y del hombre de la función pública. Fue alguien que conjugó esas cualidades de una manera tan armónica que su alejamiento de la Procuración fue uno de los golpes más duros para la institución, y también para mí”. “Sr. Fiscal General” Su salida también se sentirá porque Álvarez es alguien que conoce profundamente el sistema judicial. Ingresó por necesidad, pero también por convicción. Con los años se volvió un descreído de aquel ideal de justicia que tenía en sus inicios, tal vez porque le haya tocado ver, y no pocas veces, que la ley no siempre funciona como un medio para hacer justicia. Acostumbrado a lidiar con expedientes complejos, algunos de ellos con chispazos mediáticos, ha construido de sí mismo una imagen de tipo hosco, cuyos rastros se eternizan en un lenguaje docto, tan ajeno a la chabacanería de estos días como alejado de las definiciones en latín o alemán. Algunos que lo han enfrentado –en los tribunales, claro– lo reconocen como un rival durísimo y un polemista empedernido, pero aclaran, como un elogio, que “no utiliza prácticas reñidas con el respeto al derecho de defensa”. Quien escriba su nombre en Google obtendrá pocos resultados. La red no dirá que Ricardo Álvarez es aquel “Sr. Fiscal General solicita desarchivo de causas que tramitaron por Art. 10 Ley 23.049”, el expediente que luego sería conocido como Área Paraná, la megacausa que concentró la mayor cantidad de denuncias por los crímenes cometidos por la dictadura en Entre Ríos. El desarchivo de las causas, instado en diciembre de 2003, abrió la puerta al juzgamiento de los represores de la dictadura. En una entrevista que se publicó en Revista Cicatriz explicó: “Todo lo que había ocurrido, y que implicó desembarazarnos del pasado en nombre del Derecho, felizmente se plasmó en una ley que tiene muy pocas palabras, pero las suficientes: declarar la nulidad… El título que tuvo esa causa durante muchos años, ‘Sr. Fiscal General solicita desarchivo…’, plantea la revisión de un nuevo ciclo con el mismo objetivo, porque supone desarchivar lo que injustamente había quedado en el archivo; y eso renovó el entusiasmo”. Fotos: Ernestina Ascona.
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