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  • Gobierno reestructura la Procuración del Tesoro y despide a 60 empleados

    Parana » AIM Digital

    Fecha: 17/07/2025 18:45

    El Gobierno nacional confirmó una reestructuración profunda en la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), que incluye el despido de más de 60 empleados y la eliminación de áreas técnicas. La medida, enmarcada en un plan de ajuste del gasto público, se conoce tras el escándalo por la supuesta venta de información confidencial del juicio por la expropiación de YPF al fondo Burford Capital. Desde el Poder Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “fortalecer la eficiencia operativa del organismo y garantizar un uso responsable de los recursos”. La reestructuración implica una “drástica reducción” de áreas administrativas y una reorganización interna que incluye la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, cuya función quedará limitada a tareas de formación jurídica básica a cargo de un tercio del personal original. También se reducirá el número de Direcciones Nacionales: pasarán de seis a cuatro. Además, se eliminarán estructuras jerárquicas intermedias, se reasignarán competencias estratégicas y se buscará evitar la superposición de funciones. Las medidas llegan en un contexto de creciente tensión dentro del organismo, luego de que se revelara que documentación interna de la PTN habría sido filtrada al fondo Burford, que impulsa el millonario litigio contra el Estado argentino por la estatización de YPF. Si bien aún no se confirmó el tipo de información comprometida, fuentes oficiales advierten que podría tratarse de archivos sensibles que desnudarían la estrategia de defensa de la Argentina ante tribunales internacionales. A pesar del escándalo, desde el Gobierno aseguraron que el procurador Santiago Castro Videla continuará en su cargo. “No se toca”, dijeron fuentes oficiales, aunque admitieron que la filtración motivó el desmantelamiento de áreas clave dentro de la Procuración. El juicio por YPF es una de las causas más delicadas para el país en el exterior. Están en juego activos estratégicos de la Nación y miles de millones de dólares, lo que multiplica la preocupación oficial por el posible impacto de la fuga de información.

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