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» Comercio y Justicia
Fecha: 17/07/2025 16:30
La Unión Industrial Argentina (UIA) defendió a las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR), cuyo funcionamiento quedó resentido por la sanción de las leyes para subir jubilaciones (y su forma de financiamiento). En un comunicado, la UIA destacó que las SGR facilitan el acceso al crédito para las PyMEs al otorgarles avales para su financiamiento y sostuvo que son imprescindibles para su desarrollo. “La ley aprobada por el Congreso para financiar los aumentos en los haberes jubilatorios elimina las exenciones de impuestos que incentivan los aportes de los socios protectores a las SGR; es decir, de las personas y empresas que encuentran en las SGR un vehículo para invertir sus ahorros y capitales en el crecimiento de las PyMEs”, recalcó. Puntualizó que actualmente hay 42.000 PyMEs con aval vigente de las SGR y que en los últimos 24 meses 100.000 firmas se financiaron gracias a este sistema. “Más del 70% de las garantías se emitieron a micro y pequeñas empresas. Las PyMEs beneficiarias del sistema generan más de 500.000 empleos”, añadió. Banco Nación Antes, el Banco Nación le solicitó al Congreso Nacional que dé marcha atrás con la modificación del régimen fiscal de las SGR y también recordó que son una herramienta imprescindible para que las PyMES consigan financiamiento. Bajo esa premisa, sostuvo que desde hace tres décadas el sistema mostró eficiencia para la inclusión financiera para el desarrollo del crédito en el país. La entidad a cargo de Daniel Tillard detalló que desde enero del 2024 hasta junio de este año ya financiaron a más de 11.000 MIPyMEs por un monto superior a $400.000 millones. El Nación manifestó que las SGR y sus garantías de crédito son vitales para promover el crédito a las actividades productivas, especialmente, MiPyMEs y regionales. “El país necesita recuperar el crédito privado”, postuló. El lunes, la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) acusaron al Congreso de incurrir en una “grave error de política económica” por modificar el régimen de las SGR, afectando la financiación de pequeñas y medianas firmas. Las entidades bancarias cuestionaron la alteración del sistema en el marco de la reforma jubilatoria que sancionó el 10 de julio, que eliminó las exenciones impositivas para los aportantes a las SGR, con el objetivo de fondear el aumento de haberes. Ante este escenario, plantearon su preocupación en un comunicado conjunto. “Esta decisión legislativa impacta negativamente en uno de los instrumentos más eficientes, inclusivos y federales para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas”, enfatizaron, y recordaron que las SGR demostraron ser “una herramienta clave para facilitar el acceso al crédito bancario en todo el país”. Paralelamente, subrayaron que son “un puente esencial entre las PyMEs y el sistema financiero”, al ofrecer garantías que, por su calidad, son consideradas autoliquidables por la normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA). “Esto no solo permite ampliar el universo de empresas con acceso al crédito, sino que también mejora las condiciones de financiamiento al reducir los requisitos exigidos y las previsiones asociadas a eventuales incumplimientos”, señalaron. En la misma línea, valoraron que el sistema de SGR funcionó durante años como un mecanismo público-privado eficiente y transparente que generó impactos positivos tanto en la actividad productiva como en la recaudación tributaria. Además, indicaron que el costo fiscal asociado es “ampliamente compensado” por los beneficios económicos que generan; especialmente, en términos de inversión, formalización y crecimiento de las PyMEs, lo que a su vez genera mayor recaudación impositiva de los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Los bancos consideraron que modificar el régimen sin un proceso adecuado de análisis técnico y de impacto representó un grave error de política económica y “un retroceso institucional que debilita la previsibilidad de las reglas de juego”. Fundamento económico Al respecto, señalaron que el fundamento económico de los modelos de garantía recíproca es que “permite eliminar asimetrías de información” y “genera incentivos comportamentales” que facilitan el acceso al crédito de empresas que aún no cuentan con un historial crediticio demostrable. Para resaltar el efecto del instrumento, reseñaron que, si bien el crédito productivo en la Argentina viene creciendo con fuerza, duplicándose en términos reales en el último año, aún está “muy por debajo de los niveles de países comparables de la región”. En ese sentido, indicaron que las SGR son un instrumento relevante para sostener e impulsar aquel proceso y advierten que su desfinanciamiento o debilitamiento afectará directamente a la inversión, la generación de empleo y la competitividad de miles de empresas en todo el país. “Desde ABA, ABE y ADEBA exhortamos al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso a realizar los actos jurídicos necesarios, en el marco de sus obligaciones y facultades, para preservar uno de los pilares del financiamiento productivo en la Argentina”, cerraron. Bolsas Durante el pasado fin de semana, distintas entidades y bolsas de comercio encabezaron la defensa de las SGR. A través de un comunicado difundido por el Mercado Argentino de Valores (MAVSA) rechazaron el cambio, en el entendimiento de que “implica un golpe directo a uno de los instrumentos más eficientes y federales con los que cuentan las PyMEs para acceder al financiamiento formal”. “Las SGR cumplen un rol irremplazable en el desarrollo productivo argentino: han asistido a más de 100.000 MiPyMEs en todas las provincias, sosteniendo más de 500.000 empleos formales y movilizando más de $3,8 billones en crédito productivo”, detallaron. Sistema virtuoso Juzgaron que el cambio aprobado por el Congreso “aniquila un sistema virtuoso de financiamiento a las PyME” y “desarma un esquema público-privado de muchos años” que demostró “eficiencia, compromiso patrimonial y un impacto positivo en la recaudación tributaria”. MAVSA aseguró que el “costo fiscal” que se intentó justificar es mínimo frente a los beneficios económicos y sociales que el sistema genera”, siendo un 0,02% del Producto Bruto Interno (PBI). “El crédito productivo representa apenas el 11% del PBI argentino, muy lejos de lo que se observa en aquellos países contra los cuales competimos. Este ratio sería aún menor de no existir las SGR, que han sido uno de los puentes fundamentales para que miles de PyMEs puedan invertir, crecer y sostener el empleo formal”, recalcaron. Las bolsas de comercio criticaron la decisión legislativa afirmando que “representa un serio retroceso en materia de financiamiento productivo”. “Exhortamos a que se modifique esta situación antes de que se generen daños irreparables en un gran sector de las pequeñas y medianas empresas argentinas”, concluyeron. El comunicado fue firmado por BYMA, A3, Caja de Valores y las bolsas de comercio de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Chaco, Mendoza, Bahía Blanca y Corrientes.
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