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» Comercio y Justicia
Fecha: 17/07/2025 15:44
En un fuerte pronunciamiento, el organismo recordó la obligatoriedad de respetar los aranceles establecidos por ley y advirtió sobre posibles sanciones ante su incumplimiento. El Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió instar a todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial a aplicar estrictamente la ley 27423 de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de Justicia. La medida busca corregir situaciones de incumplimiento y asegurar una retribución justa para los profesionales del derecho. A través de una resolución publicada recientemente, el Consejo destacó la importancia de respetar las disposiciones arancelarias vigentes, advirtiendo que su inaplicación genera inseguridad jurídica, precariza el ejercicio profesional y menoscaba la dignidad de la labor de los abogados. “Es imperativo recordar a los magistrados y funcionarios judiciales su deber de aplicar la normativa vigente en materia de honorarios, evitando interpretaciones restrictivas o discrecionales que desvirtúen el espíritu y la letra de la ley”, sostiene el texto. Asimismo, se exhortó a los jueces a fundamentar debidamente las regulaciones de honorarios, respetando los parámetros legales y evitando valoraciones arbitrarias, especialmente en procesos largos o complejos donde los profesionales incurren en mayores esfuerzos y costos. La resolución también encomienda a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, así como a otras áreas competentes, a evaluar y dar rápido tratamiento a las denuncias relacionadas con el incumplimiento de la ley arancelaria. En su carácter de órgano encargado de velar por la independencia judicial y la correcta administración de justicia, el Consejo subrayó que el respeto por las normas de honorarios es esencial para garantizar la calidad del servicio profesional y la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. La decisión fue comunicada oficialmente a todas las dependencias del Poder Judicial de la Nación y a los Colegios Públicos de Abogados del país, reforzando la idea de que el cumplimiento de la ley de honorarios no es optativo, sino una obligación legal y ética para todos los operadores judiciales.
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