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» Comercio y Justicia
Fecha: 17/07/2025 19:18
El Consejo de la Magistratura de la Nación avanzó con la aprobación del anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial para el año 2026, que contempla un gasto total de 2,007 billones de pesos, de los cuales más del 95% corresponde a gastos de personal, principalmente sueldos. El cálculo prevé una planta judicial de 24.576 cargos. La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Administración y Financiera del Consejo, el órgano constitucional encargado de la selección de jueces, su acusación en caso de mal desempeño y la administración general del Poder Judicial de la Nación. La votación contó con el respaldo de los jueces Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero y Alberto Lugones; la abogada Jimena De la Torre; el diputado del PRO Álvaro González; y el senador radical Eduardo Vischi. En cambio, se abstuvieron el presidente de la comisión y representante del oficialismo, Sebastián Amerio, y los legisladores del kirchnerismo María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Rodolfo Tailhade. Estuvo ausente el representante académico Guillermo Tamarit. El anteproyecto pasará ahora al plenario del Consejo, presidido por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Una vez aprobado en esa instancia, será enviado junto con el presupuesto elaborado por la Corte Suprema al Poder Ejecutivo, que deberá remitirlo al Congreso de la Nación para su tratamiento legislativo. En los últimos dos años, el Congreso no sancionó un presupuesto nacional y el Poder Judicial funcionó con partidas prorrogadas. El documento aprobado subraya que su elaboración se basó en un análisis detallado de las necesidades del sistema judicial, incluyendo requerimientos de tribunales en funcionamiento y otros aún no habilitados, así como estructuras con dotaciones inferiores a las previstas por ley. Según el texto aprobado, el presupuesto “responde a una evaluación realista de las necesidades del Poder Judicial de la Nación”, basada en criterios que priorizan el cumplimiento de funciones esenciales y en la actual organización legal vigente.
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