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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 16/07/2025 02:43
Los tribunales de Comodoro Py, sede en la que comenará a regir el nuevo modelo acusatorio en menos de un mes (EFE/Juan Ignacio Roncoroni) Desde su implementación progresiva a mediados de 2024, el Código Procesal Penal Federal (CPPF) comienza a arrojar estadísticas vinculadas con la duración de los procesos que se tramitan en la Justicia. Las estadísticas oficiales, aunque provisorias, reflejan ciertas mejoras en los tiempos de resolución en las jurisdicciones donde se aplicó el nuevo sistema acusatorio, algo que daría cuenta de una mayor celeridad a la hora de sustanciar las causas. Sin embargo, a menos de un mes de su entrada en vigencia en los tribunales de Comodoro Py, una de las sedes más complejas del país, voces relevantes del ecosistema judicial como la del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, entre otras, plantearon que aún no se encuentran dadas las condiciones para su aplicación concreta. De acuerdo con datos elaborados por la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia, a cargo de Alberto Nanzer, en el distrito de Rosario -donde el CPPF empezó a operar el 6 de mayo de 2024- el 44,39% de los expedientes ingresados se resolvió o se cerró entre esa fecha y el 31 de diciembre pasado. Dentro de ese porcentaje, el 16,8% finalizó con una condena mediante la elaboración de un proceso abreviado y el 9,6% a través de una suspensión del proceso a prueba. En los estrados federales de Mendoza, donde la modificación del marco legal se produjo el 5 de agosto de 2024, el 26,15% de las investigaciones preparatorias se cerró en un lapso de cinco meses, mientras que en General Roca, que introdujo el CPPF el 4 de noviembre del año pasado, el 10% de las actuaciones se completó en dos meses. De ese universo, un 3,3% terminó en condenas abreviadas, otro 3,3% en suspensiones del juicio a prueba y el resto mediante mecanismos de conciliación. El nuevo sistema acusatorio resulta un cambio de paradigma a nivel procesal, es decir, en las “reglas de juego” que estructuran el devenir de los expedientes. Introduce una dinámica que desplaza el protagonismo de la investigación desde los jueces hacia los fiscales, que adoptan un mayor protagonismo a la hora de instruir un caso. Configura roles delimitados para las partes, otorgándole al juez la obligación de garantizar el debido proceso, atravesado por la oralidad de las audiencias públicas, la digitalidad de los legajos y plazos breves de tramitación. El Ministerio Público Fiscal, en tanto, queda en cabeza de la dirección del proceso y la víctima cuenta con la facultad de intervenir activamente en él. Dicho esquema de reglas se insertó el 2 de diciembre del año pasado en la jurisdicción federal de Comodoro Rivadavia. En esa sede, se registró que el 12,77% de las actuaciones fue resuelto en un bimestre. Más aún, el 6,38% de esas causas se cerró por aplicación del “criterio de oportunidad” regulado por el artículo 218 del CPPF, que autoriza a los fiscales a prescindir de la persecución penal pública en supuestos donde se considera que, por motivos de racionalidad judicial, no es necesario continuar la acción. Acto por la presentación del sistema acusatorio en Rosario Por otra parte, con relación a la adecuada implementación del Código, que demanda una mayor infraestructura, capacitación, recursos y tecnología, el Ministerio de Justicia de la Nación, según cifras que brindó la Subsecretaría de Política Criminal, llevó adelante un programa para abarcar las diferentes aristas que requiere el cambio. Habilitó, para el caso, un total de 30 salas de audiencias: 7 en Rosario, 6 en Mendoza, 5 en General Roca, 7 en Comodoro Rivadavia y 5 en Mar del Plata. A su vez, para 2025 prevé la apertura de otras 22 salas: en Comodoro Py -hasta 6-; en el fuero Penal Económico -hasta 4-; Bahía Blanca; Santa Rosa; Corrientes -Capital, Goya y Paso de los Libres-; Resistencia, Roque Sáenz Peña y Formosa. En equipamiento informático se entregaron 35 computadoras durante 2024. Y de acuerdo a la planificación para 2025, está prevista la entrega de un total de 407 computadoras, distribuidas en 32 PC ”potenciadas”, 68 notebooks “potenciadas” y 307 notebooks de gama media. Del total, ocho computadoras “potenciadas” y 18 de gama media serán destinadas a los tribunales de Comodoro Py, mientras que otras 8 de esa clase y 18 de gama media se asignarán al fuero Penal Económico. Las PC “potenciadas”, explicaron desde el Ministerio de Justicia, implican una capacidad para operar con el dispositivo “Universal Forensics Extraction Device” -UFED-, un sistema diseñado para realizar tareas forenses digitales, tales como la extracción y decodificación de datos almacenados en celulares, tablets y tarjetas SIM. En términos formativos, entre marzo y el 15 de julio de este año se concretaron 27 actividades de capacitación que alcanzaron a 1.838 operadores judiciales. Estas sesiones incluyeron paneles con la comunidad académica y organizaciones sociales, conferencias con expertos nacionales e internacionales, jornadas de “inmersión”, simulacros procesales, talleres, seminarios y mesas interjurisdiccionales. En total, sumadas a las 42 formaciones de 2024, se capacitaron más de 2.900 personas en el nuevo modelo acusatorio. El avance de esta reforma en los tribunales porteños de Comodoro Py, donde se tramitan causas complejas de narcotráfico, corrupción, contrabando y crimen organizado, entre otras, quedó oficializado por medio de la Resolución N° 143/2025, firmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y publicada el 20 de marzo pasado. Esa norma dispuso que, a partir de las 00:00 del próximo 11 de agosto, el Código Procesal Penal Federal comenzará a regir en la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la justicia en lo Penal Económico. Además, estableció su puesta en vigencia a partir del 1º de diciembre en las Cámaras Federales de Corrientes y Resistencia. La resolución, en sus fundamentos, reseñó que el artículo 2º de la Ley 27.150 faculta al Ministerio de Justicia a definir el cronograma de implementación progresiva del nuevo esquema de acusación. También señaló que la coexistencia de dos regímenes procesales en el fuero federal -en rigor, el Código Procesal Penal de la Nación y el nombrado CPPF- provoca “problemas normativas y operativos que perjudican el funcionamiento del sistema de justicia, e impide la ejecución de una política de persecución penal estratégica orientada a impactar en los fenómenos criminales que forman parte de la competencia material del fuero federal”. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien firmó la resolución que dispuso la implementación del CPPF en Comodoro Py (REUTERS/Martin Cossarini) Cabe recordar que el sistema acusatorio, sancionado por la Ley 27.063 en diciembre de 2014, comenzó a aplicarse en 2019, en las jurisdicciones federales de Salta y Jujuy. No obstante, tras esa experiencia inicial, el proceso de implementación se interrumpió. Con la llegada de la nueva administración nacional en diciembre de 2023, el programa fue reactivado y extendido a otras regiones del país. Así las cosas, el anuncio desde la cartera de Justicia referido a Comodoro Py fue recibido con cierta preocupación por parte de distintos operadores judiciales de esa sede. Los nueve fiscales federales de primera instancia, por ejemplo, criticaron la iniciativa por considerar que era una decisión unilateral y no coordinada institucionalmente y que había un déficit de recursos que podría volver trunco el sistema. En la misma línea, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), apoyó el pedido de mayores recursos “humanos y técnicos” con el propósito de “asumir la tarea propia de cada jurisdicción, máxime en un nuevo escenario que requiere un modo diferente de organización y gestión, que no puede ser afrontado con presupuestos desactualizados”. A estos planteos se sumaron los fiscales de la Cámara Federal de Casación, que hablaron de déficits edilicios, humanos y de tecnología que podrían comprometer “gravemente” el funcionamiento del servicio de justicia en esos estrados. Tal como informó hace dos semanas Infobae, a pocas semanas del plazo estipulado el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le envió una nota -entre otra decena- al ministro Cúneo Libarona donde señaló que “el cuadro de situación actual del proceso de instauración resulta preocupante” y que el plazo previsto “no es suficiente para llevar adelante -al menos- las mínimas readecuaciones imprescindibles”. Casal advirtió en su escrito que, en Comodoro Py y el fuero Penal Económico, las fiscalías tienen menos personal que los juzgados: 40 fiscales frente a 71 jueces, con tres veces menos empleados y funcionarios. También remarcó que existen vacantes sin cubrir, que el volumen de causas es significativamente más alto que en otras jurisdicciones y que el tipo de delitos que se tramitan exige una estructura fortalecida. El jefe de los fiscales, Eduardo Casal, le envió notas al ministro de Justicia con el fin de advertir sobre las condiciones necesarias para aplicar el nuevo esquema de reglas procesales El jefe de los fiscales detalló, por lo demás, que el gobierno nacional rechazó los distintos pedidos presupuestarios del Ministerio Público. De hecho, en una reunión reciente en la Secretaría de Hacienda, el titular del área, Carlos Guberman, sostuvo que “no se van a otorgar actualizaciones en los créditos presupuestarios en el actual ejercicio” y pidió una reducción del 2,5% en los ya otorgados. “Se observan con claridad los riesgos -en general- de abordar la aplicación de una modificación procesal e institucional de esta índole sin que uno de sus actores centrales cuente con los medios que requiere para llevar adelante una función tan esencial como lo es la investigación criminal”, alertó Casal. Desde la cartera que encabeza Cúneo Libarona vienen asegurando hace tiempo que están dadas las condiciones para iniciarla aplicación del nuevo régimen a partir del 11 de agosto. Al efecto, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, defendió meses atrás el plan oficial en la Comisión que preside de Administración y Finanzas del Consejo de la Magistratura de la Nación. “No solo los recursos están, está la provisión presupuestaria, sino que está articulado muy prolijamente, principalmente por el doctor Nanzer, y ya hemos ido a Comodoro Py, hicimos el relevamiento de lo que falta, y hemos acordado poner en marcha el modelo acusatorio. Poner en marcha el acusatorio no es venir a reparar los 20 años de desidia o de falta de inmuebles en buenas condiciones que es una deuda que tenemos todos como país, es adecuarlo para que se pueda cumplir con el sistema acusatorio”, expresó entonces.
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