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Parana » AIM Digital
Fecha: 14/07/2025 12:02
Este lunes, la jueza federal de Nueva York Loretta Preska decidirá si concede a la Argentina la suspensión del fallo que ordena entregar el 51 por ciento de las acciones de YPF a fondos demandantes por la expropiación de 2012. La definición es clave en el marco de un conflicto judicial con fuertes implicancias políticas, económicas y diplomáticas. El Gobierno nacional presentó la apelación el jueves ante la Cámara del Segundo Circuito y dejó abierta la posibilidad de escalar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos. En su presentación, denunció que la orden de Preska viola la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (Fsia), el derecho federal norteamericano y principios de cortesía internacional. Un litigio con impacto global La defensa argentina —a cargo del estudio Cleary Gottlieb— argumenta además que ejecutar el fallo implicaría un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial” y forzaría a la Argentina a incumplir su legislación interna. Según destacan, la entrega del paquete accionario solo puede hacerse con una ley aprobada por dos tercios del Congreso, como estableció la normativa de estatización de 2012. También señalan que la ejecución inmediata provocaría un “daño irreparable” y afectaría a actores no involucrados, como provincias, bonistas e incluso la propia YPF. ¿Dónde está YPF en todo esto? Aunque el caso gira en torno a su control accionario, YPF no es parte del juicio, ni participa en las presentaciones oficiales. El presidente de la compañía, Horacio Marín, aclaró que “la jueza falló a favor de YPF y en contra de la República”, y remarcó que se trata de una disputa entre el Estado argentino y fondos especulativos. La empresa quedó así fuera del foco judicial, mientras el proceso avanza contra el Estado nacional, acusado de haber incumplido normas corporativas y procedimientos al momento de la expropiación. Un fallo observado por Washington La defensa argentina también recordó que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos. se manifestó en su momento en contra del avance de esta demanda, ante el riesgo de generar un precedente que afecte a sus propias empresas o activos soberanos en el exterior. La decisión que tome Preska este lunes podría redefinir los tiempos del proceso. Si rechaza la suspensión, no se descarta una ofensiva final de los demandantes para embargar activos argentinos en Estados Unidos.
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