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  • La nueva ley fiscal pone en riesgo a más de 100.000 PyMEs y medio millón de empleos formales

    » on24

    Fecha: 14/07/2025 15:40

    Las principales bolsas y entidades bursátiles del país rechazaron la reforma al régimen fiscal de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) aprobada por el Congreso, advirtiendo un fuerte impacto sobre el financiamiento productivo y el empleo PyME. El reciente cambio legislativo sancionado el 10 de julio encendió luces rojas en el sector financiero. A través de un comunicado conjunto, el Mercado Argentino de Valores, BYMA, A3, las Bolsas de Comercio de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Chaco, Bahía Blanca, la Confederada de Corrientes y la Caja de Valores manifestaron su “profunda preocupación y enérgico rechazo” a la modificación del régimen fiscal que afecta directamente a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Según advirtieron, esta medida golpea de lleno a un instrumento clave que permite a más de 100.000 MiPyMEs acceder a financiamiento formal, tanto bancario como bursátil, y sostener más de 500.000 empleos formales. Actualmente, las SGR movilizan más de 3,8 billones de pesos en crédito productivo, consolidándose como una pieza estratégica en el entramado económico argentino. Las entidades criticaron además que la reforma se haya implementado sin debate ni consultas previas, desarmando un esquema público-privado que lleva años demostrando eficiencia, compromiso patrimonial y un saldo positivo incluso en términos tributarios. “El supuesto costo fiscal que se busca reducir es mínimo —apenas el 0,02% del PBI— frente a los enormes beneficios económicos y sociales que genera el sistema”, remarcaron. El documento también alertó que el crédito productivo representa apenas el 11% del PBI argentino, muy por debajo de las economías con las que el país compite, por lo que eliminar o debilitar herramientas como las SGR “acentuaría aún más la brecha y dificultaría que miles de PyMEs puedan invertir, crecer y sostener empleo formal”. Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades para revisar y modificar la norma antes de que se generen daños irreparables en el entramado PyME argentino, destacando que lo aprobado significa un serio retroceso para el financiamiento productivo.

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