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» Sin Mordaza
Fecha: 13/07/2025 03:04
El juez federal Aldo Alurralde sostuvo que, a pesar de la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, el Estado nacional sigue teniendo la responsabilidad legal de reparar y mantener la Ruta Nacional 11. “La ruta es del Estado, y eso no cambia según el organismo que la administre”, remarcó en diálogo con medios locales, al referirse al decreto 461/2025, que transfiere las competencias viales al Ministerio de Economía. Alurralde recordó que existe una orden judicial vigente que obliga a la reparación de tramos críticos de la ruta, especialmente en los departamentos Vera, General Obligado y San Javier. “La orden está firme y se venía cumpliendo. Recibimos informes de avances, contratos firmados y fechas previstas de finalización de obra para el 31 de diciembre de 2025”, detalló el magistrado. Según explicó, el artículo 6 del decreto presidencial garantiza la continuidad jurídica en la administración de las rutas, por lo que no hay argumentos válidos para frenar las intervenciones. “La nueva estructura administrativa tiene que asumir sus obligaciones. El Estado nacional, como titular de la ruta, debe garantizar la continuidad de las obras”, afirmó. Finalmente, Alurralde advirtió que, aunque el Estado opte luego por concesionar, privatizar o delegar tareas a las provincias, en la actualidad sigue siendo el único responsable legal. Por lo tanto, no puede interrumpir ni postergar los trabajos previstos bajo el pretexto de una reorganización administrativa.
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