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Crespo » Paralelo 32
Fecha: 02/07/2025 05:07
En el marco del programa Humedales Sin Fronteras, la Fundación CAUCE (Cultura Ambiental – Causa Ecologista, con sede en Paraná), el Taller Ecologista de Rosario y otras 16 organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay —todas integrantes de la Cuenca del Plata— llevan adelante un trabajo conjunto de análisis sobre los efectos ambientales y sociales de la Hidrovía Paraguay-Paraná. El estudio contempla también las actividades agroexportadoras y otros sectores productivos que se sirven de esta infraestructura. El pasado miércoles, estas organizaciones participaron de una jornada virtual de intercambio y debate que se extendió por dos horas, con presencia de referentes de todos los países involucrados. En diálogo con Paralelo 32, Paola Ruiz Lisman —licenciada en Ciencias Políticas e investigadora de la ONG Cauce— señaló que cada organización expuso la problemática de su territorio. “Estamos hablando de una autopista fluvial que comienza en el puerto de Cáceres, en Brasil, y finaliza en el Río de la Plata”, explicó. Denuncias y falta de estudios La investigadora recordó que el llamado a licitación para el mantenimiento y dragado de la hidrovía, realizado en febrero de este año, no llegó a concretarse. Un único oferente denunció irregularidades en los pliegos, las cuales fueron confirmadas por la Procuraduría de la Nación, y como consecuencia el Gobierno dejó sin efecto la convocatoria. En abril, Cauce y otras entidades presentaron un reclamo administrativo advirtiendo la ausencia de un estudio de impacto ambiental. “Estamos hablando de un megaproyecto que interviene a lo largo de 1.500 kilómetros de río, abarcando distintas jurisdicciones y afectando a múltiples comunidades. Planteaba además llevar el calado a 44 pies sin contar con una evaluación seria sobre sus consecuencias ecológicas y sociales. El proceso no tuvo rigurosidad científica ni el abordaje que este tipo de obras requiere”, afirmó Ruiz Lisman. El Gobierno nacional informó que entre octubre y noviembre se publicarán los nuevos pliegos, con el objetivo de adjudicar la obra durante el primer semestre de 2026. Al respecto, Ruiz Lisman cuestionó que, en esta etapa de consultas, la Agencia Nacional de Puertos haya convocado únicamente a representantes del comercio exterior, la industria y el agro, dejando afuera a la ciudadanía y a las organizaciones ambientales. Consecuencias ya visibles Sin que se haya llegado aún al dragado profundo propuesto, ya se registran impactos ambientales. En Victoria, por ejemplo, se declaró la emergencia hídrica debido a que los movimientos en el cauce provocan acumulación de sedimentos que obstruyen los accesos a los humedales, impidiendo el flujo natural del agua. “Esto ocurrió incluso durante la gestión de Domingo Maiocco, cuando se implementaron soluciones paliativas pero no se abordó el problema estructural”, señaló la entrevistada. Ruiz Lisman también recordó que, en mayo, las organizaciones solicitaron por vía formal el acceso a la información pública sobre el memorándum firmado con la Asamblea de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. A la fecha, no han recibido documentación ni explicaciones sobre la anulación de la licitación anterior. Asimismo, a fines de mayo se constituyó por resolución oficial la Mesa de Diálogo Interdisciplinaria para el Desarrollo Fluvial y las Vías Navegables Troncales, que se reunió en la Bolsa de Comercio de Rosario. Según la investigadora, participaron sectores con intereses en la explotación del corredor fluvial. En representación de la provincia de Entre Ríos estuvo el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien solicitó que los pliegos contemplen un calado de 34 pies en los ríos Paraná Guazú y Paraná Bravo. “Esto demuestra que hubo participación de los gobiernos nacional y provincial, pero ninguna presencia de comunidades ni de organizaciones ambientales”, cuestionó. Ecosistemas en riesgo Ruiz Lisman aseguró que, incluso sin la profundización proyectada a 44 pies, ya se observa una modificación preocupante en la biodiversidad acuática, pérdida de humedales y desplazamientos socioeconómicos que afectan especialmente a las comunidades que viven de la pesca y la caza. “Si el dragado se profundiza, como lo indican todas las estimaciones hidráulicas, el agua ganará velocidad, no ingresará a los humedales y problemas como el de Victoria se van a repetir y agravar”, alertó. Mencionó además la pérdida de barrancas a causa de los oleajes generados por las embarcaciones, un fenómeno que ya se observa en Diamante y otras localidades. En Ramallo, por ejemplo, el cambio en el canal de navegación afectó actividades tradicionales como la navegación deportiva y la vela, reduciendo la playa y arrastrando arena hacia el río. Finalmente, destacó la necesidad de que las organizaciones sociales sean incluidas en el debate, “no solo porque tienen experiencia territorial, sino porque es un derecho que les asiste”. Según denunció, el Gobierno sigue priorizando políticas alineadas con un modelo extractivista, privilegiando los intereses de los grandes operadores portuarios por sobre la sustentabilidad del territorio y el bienestar de las comunidades.
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