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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 01/07/2025 10:08
Miguel Antonio Villagra, de 67 años, fue hallado sin vida este lunes por la mañana en la plaza 1° de Mayo de la ciudad de Paraná, frente a la Catedral Metropolitana. La muerte de Quito, como era conocido en Paraná, disparó una serie de discusiones vinculadas a cómo el Estado debe abordar esta problemática compleja. Uno de los temas que la muerte de Villagra pone en agenda es el marco normativo que regula las internaciones involuntarias cuando una persona no está en condiciones de disernir sobre lo que está bien o mal para su bienestar por padecer problemas vinculados a la salud mental. La Ley de Salud Mental N°26.657 fue sancionada en 2010, reglamentada en 2013, y dentro de la misma se incluyen las causales de excepción que justifican una internación ante el riesgo inminente para sí mismo o terceros. En la provincia existe un órgano revisor que depende del Ministerio Público de la Defensa (MPD) que evalúa las intervenciones en materia de salud mental y si esas conductas están bajo el paraguas de la Ley. Martín Cabrera es el secretario General de dicho órgano y en dialogo con Radio Plaza brindó precisiones respecto a cómo se puede abordar la problemática en situación de calle. El órgano revisor debe controlar que las intervenciones se realicen bajo el paraguas de la Ley de Salud Mental Respecto a las internaciones, Cabrera fue contundente: "No es cierto que la ley no autoriza las internaciones involuntarias. Sí se establecen determinadas garantías y controles para evitar el abuso de la restricción". Explicó que si bien la Ley prevé que casi todas las acciones deben darse en el marco del consentimiento de la persona, hay causales que justifican una internación involuntaria. Para que esto pueda ocurrir debe mediar un dictamen de un equipo interdisciplinario que pueda elaborar un informe respecto a la situación de la persona: "Es un juicio que deben hacer los equipos de salud". "Los efectores de salud deben establecer comunicaciones. Se ejecuta la internación y se le comunica a un juez que controle su legalidad", expresó Cabrera. Incluso, aclaró que se pone a un abogado a disposición de la persona internada para garantizar sus derechos. Cabrera reconoció que los objetivos previstos por la ley están lejos de ser cumplidos en la realidad: "Efectivamente hay una distancia entre los postulados de la Ley y la realidad". Puntualizó en la falta de presupuesto real para que los distintos estamentos públicos puedan abordar con efectivada este tipo de problemas: "El abordaje debe ser intersectorial e interdisciplinario", explicó. Ante la consulta respecto a la real conciencia de las autoridades políticas, Cabrera fue contundente: "Yo creo que no, que no hay conciencia. Es evidente cuando uno ve la ejecución presupuestaria para este tipo de políticas". Cabe aclarar que desde la implementación de la Ley, sólo en el 2023 se ejecutó el 100% del presupuesto destinado para abordar esta problemática. La pregunta que surge es si la muerte de Villagra no pudo evitarse gracias a la intervención de un equipo interdisciplinario cuyo dictamen hubiese sustentado una internación involuntaria ante lo que evidentemente fue un riesgo inminente para sí mismo.
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