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» Diario Cordoba
Fecha: 01/07/2025 17:51
Los jueces y fiscales de Córdoba se han sumado este martes a la huelga nacional para exigir la retirada del proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal, y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. La amenaza del sector se ha cumplido tras las protestas de hace tres semanas y la huelga se extenderá durante tres días, si bien el ministro del ramo, Félix Bolaños, descarta dar marcha atrás asegurando que las medidas son "imprescindibles" para modernizar la Justicia. El delegado provincial de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio Puntas, asegura que la respuesta está siendo positiva y el "seguimiento es mayoritario" en Córdoba en esta primera jornada, a falta de datos concretos, que ofrecerá el comité de huelga. Sobre el impacto en la administración de la Justicia, informa de que ha habido suspensiones de actuaciones procesales, pero no de juicios relevantes señalados. "Se está cumpliendo escrupulosamente por parte de jueces y fiscales los servicios mínimos, es decir las actuaciones urgentes e inaplazables", afirma Puntas. Convocada por cinco asociaciones La huelga ha sido convocada por cinco asociaciones de jueces y fiscales - todas menos las dos de sensibilidad más progresista- y se extenderá hasta el día 3 de julio. Como consecuencia, los convocantes asumen que su sueldo se verá mermado como ocurre con cualquier trabajador que ejerce este derecho en el país. Las asociaciones alertan de que las reformas anunciadas minarán la independencia judicial y, con ello, el Estado de Derecho. Entre sus principales críticas están el "riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales" y que se "va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para la formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración". El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no considera convocada la huelga, por entender que carece de base legal y la Fiscalía General del Estado (FGE) se adhirió a este acuerdo.
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