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» Comercio y Justicia
Fecha: 01/07/2025 07:12
Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth**, exclusivo para Comercio y Justicia Luego de que la Corte Suprema confirmara la Sentencia en contra de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a otros ex funcionarios y allegados al poder, rechazando los planteos formulados por las defensas y la Fiscalía para revocarla o modificarla, irrumpió con más fuerza la famosa “grieta” que nos separa a los argentinos. Si bien no decimos nada nuevo con esto, creemos que lo ocurrido ha servido para hacer más notorio el verdadero origen de esas diferencias, génesis que se encuentra lamentablemente oscurecido por una visión política de un asunto que en realidad se trata de una cuestión netamente moral y que se reduce a un par de preguntas: ¿Qué tipo de funcionarios queremos tener? ¿Corruptos que se apropien de los bienes públicos justificando su accionar en motivaciones políticas, o personas honestas, que entiendan que lo público está al servicio del “pueblo” y que no existen razones de ninguna naturaleza que les permita aprovecharse de su posición? Si escuchamos las manifestaciones en contra de la decisión de la Justicia, vemos que, en general, todas las razones que se dan para criticarla son básicamente políticas. Se habla de proscripción, de persecución, de law fair, pero nada se dice con fundamentos legales, sobre la no culpabilidad de los condenados. Por supuesto que puede haber condenas erróneas. Pero en tal caso, debe poderse claramente expresar en dónde, desde la técnica jurídica, se asienta el yerro. Tampoco se escucha ninguna condena a la corrupción; es más, no pocos políticos han expresado, entre ellos una diputada nacional cordobesa, que “no se debe judicializar la política”, como si aprovecharse de lo público en beneficio personal fuera “político” y no un acto indebido considerado delito por nuestra legislación. Según nuestro criterio, quienes así piensan y se manifiestan, no hacen más que demostrar que avalan, consciente o inconscientemente, un mensaje tan peligroso como fuera de la norma legal: la existencia de privilegiados que pueden hacer lo que deseen con los bienes públicos sin más control que el de sus pares, algo muy alejado de cualquier democracia republicana. Por otro lado, están los que festejan la condena. Aquí la cosa está más dividida. Por un lado, se hallan los que “disfrutan” la decisión, al igual que en el caso anterior, en función de sus posiciones políticas partidarias. Para ellos, su gratificación reside, fundamentalmente, en el hecho de ver “en la mala” a su “enemiga” política y no en que se condenó, como debiera pasar con cualquier hijo de vecino, a una persona que se quedó ilegalmente con lo que no le pertenecía, como son los fondos públicos. Pero, a la par de quienes festejan políticamente lo sucedido, se encuentra un enorme número de ciudadanos, que están conformes con la decisión por ser una resolución institucional que castiga un grupo de ciudadanos, sin importar su condición ni posición ideológica que, con su accionar, perjudicaron a la gran mayoría de los argentinos. De esta manera encuentran tranquilidad en que no solo se sancionó a los responsables, sino también, en que se pone de algún modo, un límite a los privilegios que brinda la política y a aquellos inescrupulosos que se sirven de la función pública para beneficio personal. Somos de la idea de que ver así la cuestión permite reformular la famosa grieta. Sacarle los nombres propios para apreciar, y eventualmente aprender, de lo sucedido. Siempre tan propensos a ver lo que nos divide, ¿por qué no apreciarlo en el sentido contrario? De aceptarse esta visión, seguramente la división no se daría, como un River-Boca, entre quienes piensan políticamente distinto, sino entre quienes creen que la honestidad es un valor que debe ser honrado por todos -incluyendo a los funcionarios- y aquellos que niegan que lo sea. Dicho de otra manera, quedarían de un lado quienes aspiran a vivir honestamente y quienes no, o al menos no les importa que el que los gobierne “robe, pero haga” -como dijera la “politóloga militante” Mayra Arenas al justificar la corrupción en la obra pública: “si las partes muerden de ahí entonces te conviene que haya un montón de esas cosas. Es de las corrupciones más transformadoras. Es el ‘roban, pero hacen’. No me calienta”. Politizar -en uno u otro sentido- decisiones como la que referimos impide ver el bosque. Las diferencias políticas existen desde siempre y bienvenido que así sea. Esta “grieta” no es el problema. La división que debe preocupar es la moral, es decir, entre los que están en contra de la corrupción y los que la toleran o se aprovechan de ella. Se llame como se llame y condenen a quien condenen. Si analizáramos los comportamientos de nuestros gobernantes en función de la corrección de sus conductas, y no desde nuestros gustos políticos, seguramente estaríamos más unidos y las cosas marcharían mucho mejor en nuestro país. Lo creemos con la mayor firmeza. (*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. (**) Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.
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