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» Nova Entre Rios
Fecha: 01/07/2025 06:14
Coincidiendo con lo expresado por este medio, la jueza entendió que los contratos truchos sólo pudieron ser hechos con la anuencia de quienes manejaban las cámaras de diputados y senadores, es la primera vez que alguien de la justicia reconoce la participación necesaria de autoridades legislativas provinciales en la creación y mantenimiento de los contratos investigados. Además, expresó que puede ser reprochable a los fiscales por no haber investigado a nadie de la clase política, y que solo imputaron a subalternos y empleados. Este lunes se reanudó la audiencia por la elevación a juicio de la causa “contratos truchos”, que comenzó en abril. En esta causa ya fueron “quitados” 12 de los 32 imputados originales. Uno fue sobreseído, otro acordó un juicio abreviado, y el resto accedió a suspensión de juicio a prueba (probation). La jueza de garantías n°1, Marina Barbagelata, expresó en repetidas oportunidades durante la audiencia que puede ser reprochable la actitud de los fiscales de focalizar las imputaciones solamente a subordinados y empleados, y no haber escalado en la investigación hacia autoridades de la legislatura, ni sobre los legisladores, que son los reales responsables de los 740 denominados contratos truchos, que sirvieron para realizar una estafa que supera los 53 millones de dólares, lo que implica un daño más que significativo al estado y al pueblo entrerriano. Pero también la jueza manifiesta y deja en claro que es exclusiva responsabilidad de los fiscales (patricia Yedro e Ignacio Aramberry), decidir a quienes acusar e imputar y a quien no. Dejando en claro que no acusaron a la clase política y si a sus empleados. Los fiscales en todo momento durante los años que duró la investigación, siempre tuvieron un techo de límite, y teniendo la confesión y reconocimiento de legisladores de cómo se elaboraron los contratos cuestionados, siempre los consideraron testigos. No solamente quedaron descartados los legisladores que firmaron los contratos, sino que, siendo que los máximos responsables de cualquier contrato legislativo son las autoridades de ambas cámaras (decreto n° 12-123 h.c.s.), tampoco ellos fueron considerados por los fiscales. La gran pregunta que flota en el aire, y que seguramente también (suponemos) se hará la jueza es por qué los fiscales limitaron su accionar a los que hicieron la mano de obra del cobro de los contratos en los cajeros automáticos, y a algunos empleados de poca injerencia, y no a los que realmente hicieron posible el montaje de este mecanismo de estafa. ¿Por qué la fiscalía no imputó a la clase política? También en la audiencia la jueza, y como se dice en la jerga judicial, les dio por la cabeza a los abogados defensores y rechazó toda solicitud que le hicieron. Seguramente habrá apelaciones. La decisión acerca de si la causa se eleva a juicio pasa para después de la feria judicial. Mientras tanto, las palabras de la jueza confirman lo expresado por este portal, sobre “el favor” que los fiscales les hicieron a los legisladores al tratarlos como meros testigos, y no como parte de la gran estafa. y el favor se extiende a las autoridades de las cámaras, máximos responsables de los contratos investigados, que comprenden la actuación de Allende, Urribarri, Guastavino, Lauritto, Bahl y que no solamente continuaron sino que se multiplicaron con Stratta. La jueza recordó y resaltó que los contratos son lícitos, lo que está bajo investigación es el desvío de fondos. Una década “se fabricaron” contratos para el desfalco, y los responsables de hacerlos, de solicitar las firmas, y de firmarlos, no están en el banquillo de los acusados. Los fiscales, por razones aún no establecidas, los obviaron. Fuente: El Portal de Ricardo David.
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