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Parana » Informe Digital
Fecha: 30/06/2025 17:00
Una semana después de que se hiciera público el embargo a Lácteos Vidal, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 69, bajo la dirección de José Ignacio Ramonet, resolvió “archivar” provisionalmente el embargo preventivo de 167 millones de pesos solicitado por el sindicato, hasta que se evalúe la impugnación presentada por la parte demandada. La pyme láctea de Moctezuma, en el partido de Carlos Casares, enfrenta un conflicto con el gremio Atilra desde julio de 2022. Esta medida se enmarca en la causa N° 30061/2022 y fue adoptada tras que Lácteos Vidal cuestionara la liquidación presentada por Atilra, que incluía astreintes por un monto estimado en 157 millones de pesos, correspondientes a una multa por cada día que no reincorporara a los trabajadores despedidos. En 2022, la empresa despidió a 26 trabajadores debido al bloqueo en la planta; con el tiempo, se llegó a un acuerdo individual con 17 de ellos, además de una jubilación. Sin embargo, ocho operarios continúan involucrados en el conflicto legal, sin una resolución definitiva. De acuerdo con fuentes cercanas a la empresa, esa liquidación no había sido aprobada previamente y fue impugnada por considerarse que los montos reclamados carecen de fundamento legal. La semana pasada, se conoció una nueva resolución del juez Ramonet en la que ordenó un embargo preventivo de más de 167 millones de pesos a solicitud del gremio Atilra, en el contexto de un conflicto gremial que ya lleva casi tres años. Esta decisión judicial se hizo pública un día antes de una audiencia de conciliación en la que la empresa volvió a presentar una oferta para resolver el conflicto: pagar el 50% de las indemnizaciones reclamadas por los exempleados, tal como había sugerido el propio juez en una ocasión anterior. Sin embargo, según relató Alejandra Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal, ninguno de los trabajadores asistió a la audiencia virtual. Solo estuvo presente el abogado del gremio, Alberto Coronel, y el juez Ramonet delegó la convocatoria en su secretaria. Ahora, se ha informado que el juez Ramonet decidió no enviar por el momento el oficio al banco para ejecutar el embargo y, en cambio, ha optado por trasladar la impugnación a la parte actora. Esta maniobra retrasa la resolución en torno a la medida cautelar, al tiempo que suspende la ejecución de las sanciones económicas diarias reclamadas por el sindicato. “El juez realizó el embargo preventivo, pero no emitió la cédula al banco. Hicimos la impugnación, y además de la cautelar, hay pendiente una queja. Como no reincorporo al personal, el juez pretende cobrar astreintes, porque ellos [el gremio] presentaron el pedido de la cautelar”, comentó Bada Vázquez. En junio de 2024, Ramonet había incrementado las astreintes por “incumplir” con la reincorporación de algunos de los trabajadores despedidos, tras una medida de fuerza llevada a cabo en julio de 2022 en la planta de la empresa en Moctezuma. El monto había ascendido a 10.000 pesos por empleado por día y ahora se elevó a 50.000, un incremento del 400%. Sin embargo, una resolución posterior había dejado sin efecto ese aumento de la multa. Actualmente, no obstante, se ha trasladado y se han suspendido las astreintes. Alejandra Bada Vázquez: “Sigo esperando justicia” “Era escandaloso que me notificaran de un embargo, cuando hoy en día existe un artículo en la Ley de Bases que estipula que bloquear una empresa es una injuria grave y causal de despido. Que me sigan amenazando con astreintes ya es escandaloso; creo que al menos ha reconsiderado el grave error y por eso suspendió el embargo”, afirmó Bada Vázquez. Además, añadió: “Sigo esperando justicia y que se comprenda que bloquear una empresa, impedir el trabajo y violar el derecho a la libertad laboral, debe tener eventualmente consecuencias para quienes lo hacen, para poder algún día vivir en un país normal, donde se respete la propiedad privada y el trabajo en libertad”. La tensión entre Lácteos Vidal y Atilra se mantiene como uno de los casos más significativos de los últimos años en el ámbito laboral del sector lácteo. La causa seguirá su curso, a la espera de nuevas decisiones judiciales. Por ejemplo, a principios de este mes, el mismo juez declaró “abstracta” su propia medida cautelar que ordenaba la reinstalación de varios trabajadores despedidos de la empresa, dado que estos decidieron iniciar reclamos por indemnización ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo). El gremio Atilra, por su parte, apeló esta decisión ante la Cámara de Apelaciones, y se espera una sentencia.
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