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Parana » Informe Digital
Fecha: 30/06/2025 05:50
El Gobierno de Javier Milei avanza con firmeza en la privatización de las ocho empresas incluidas en el proceso tras la aprobación de la Ley Bases. La Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima (SOFSA) y Belgrano Cargas y Logística (BCYL) son dos de los casos más cercanos a iniciar el proceso de desvinculación del Estado, según afirmaron fuentes oficiales a Infobae. En lo que respecta a BCYL, el Poder Ejecutivo ha tomado una decisión clave: llevar a cabo una desintegración vertical de la empresa, lo que implica la separación de actividades y activos de cada unidad de negocio. Este activo es fundamental para el transporte de los principales cultivos argentinos y para el desarrollo de la minería. La compañía gestiona 7.600 kilómetros de vías en 17 provincias, que ahora serán concesionadas a operadores privados, conservando los rieles y tierras como propiedad del Estado Nacional. Diego Chaer, al frente de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas del Ministerio de Economía de la Nación, lidera el proceso. El Gobierno planea licitar la infraestructura de vías y conceder el uso de talleres de BCYL, mientras que el material rodante se ofrecerá en venta mediante un remate público. Estas licitaciones estarán abiertas a jugadores nacionales e internacionales y abarcarán todos los tramos operados en la actualidad por las líneas General Belgrano, General Urquiza y General San Martín. El modelo propuesto contempla una concesión de infraestructura de acceso abierto, lo que significa que el concesionario que asuma la administración de las vías estará obligado a permitir el paso a todos los operadores que deseen transportar sus cargas. Recientemente, empresas como la gigante Río Tinto y las principales cerealeras -Cargill, Cofco, Bunge- han expresado su interés en el proceso. La determinación precisa de los activos en juego depende de un relevamiento que se encuentra en curso, el cual evalúa el estado de las vías, talleres y otras infraestructuras. Esta información fue presentada la semana pasada en el Senado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Francos señaló que el objetivo es atraer inversión privada, superar la situación de emergencia en el servicio ferroviario y mejorar condiciones de calidad y seguridad. Según la respuesta oficial, el remate del material rodante y los ingresos generados se destinarán a un fondo fiduciario para financiar prioritariamente obras de infraestructura ferroviaria y medidas de seguridad. El documento aclara que los contratos en vigor seguirán en ejecución, incluso en aquellos casos donde cambie la estructura societaria o la composición accionaria de las empresas como resultado de este proceso de privatización. Mientras se avanza en la elaboración del pliego y el relevamiento de los tramos operativos, el Gobierno no cuenta con una política para la reactivación inmediata de los sectores de las líneas actualmente clausurados. La posible reanudación de estos tramos cerrados requerirá estudios sociales y urbanísticos que, según indicaron en despachos oficiales, “superan el plazo y el objetivo del proceso de privatización”. En cuanto al impacto laboral, el plan del Gobierno conllevará una reducción adicional de 1.900 puestos de trabajo en Trenes Argentinos -SOFSA-, de acuerdo a documentos internos oficiales y declaraciones recolectadas por Infobae. Desde el inicio de la gestión actual, 2.300 empleados han dejado el sistema a través de retiros voluntarios, jubilaciones y desvinculaciones por cierre de servicios. La nueva meta busca profundizar este ajuste. Las autoridades han indicado que están revisando contratos y dotaciones en cada área, en paralelo con la implementación de los mecanismos de licitación. La empresa opera casi todas las líneas urbanas (Roca, San Martín, Mitre, Sarmiento y Belgrano Sur), así como los servicios de larga distancia y regionales. En el último año, se implementó una serie de recortes que permitieron reducir gastos por más de $60.000 millones, y ahora se espera acelerar ese proceso. El tema en este sector es más complicado, ya que los operadores privados querrán cobrar tarifas a los usuarios, lo que podría afectar el bolsillo de los pasajeros, algo que el Gobierno por el momento no está dispuesto a validar. Entre las novedades operativas del proceso de privatización se destaca la decisión de mantener un análisis de la situación social en cada localidad afectada, especialmente donde el cierre de talleres o líneas podría tener un impacto socioeconómico. El Gobierno informó al Senado que el proceso licitatorio determinará, en cada caso, qué bienes serán subastados, qué infraestructuras se pondrán en concesión y en qué condiciones los privados deberán garantizar ciertos estándares de calidad o realizar obras de acondicionamiento. Sin embargo, en la actual gestión, el foco está puesto en los planes específicos de privatización total, parcial o concesión de cada una de las ocho compañías que quedaron sujetas a estos procesos tras la sanción de la Ley Bases. Las empresas en cuestión son: Enarsa, Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Intercargo, AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales. El Gobierno espera que la venta de activos, las concesiones de servicios existentes o nuevas y las privatizaciones generen ingresos en dólares para la economía. En los próximos días se darán a conocer los pliegos para la licitación de las represas del Comahue, con expectativas de obtener ingresos de USD 500 millones, y se encargará a la Subsecretaría de Energía Eléctrica la elaboración de los pliegos para las primeras obras de un plan destinado a reforzar el sistema de alta tensión, con inversiones proyectadas superiores a USD 6.000 millones.
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