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» Sin Mordaza
Fecha: 24/06/2025 10:24
La cobertura de cargos en el Poder Judicial santafesino atraviesa una crisis estructural sin precedentes. Actualmente, hay 98 cargos de jueces vacantes en toda la provincia, además de más de 30 fiscalías y 18 defensorías sin designar, lo que provoca una profunda afectación del servicio de justicia, especialmente en localidades medianas y pequeñas. Desde el sindicato judicial, el secretario general Juan Pablo Langella alertó que la situación es crítica no solo en las magistraturas, sino también en los Ministerios Públicos. “Esa falta de cobertura sobreexige a otros funcionarios, que deben hacerse cargo de diferentes jurisdicciones, y eso impacta también en los empleados judiciales”, explicó. Uno de los ejemplos más preocupantes se da en Reconquista, donde los juzgados de Familia, Civil y Comercial, y Laboral están sin jueces titulares. En estos casos, magistrados deben viajar desde la ciudad de Vera al menos dos veces por semana, dejando sus propios juzgados sin atención. En paralelo, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal también están severamente afectados. Aunque se nombraron fiscales subrogantes, muchos aún no han jurado, y en el norte provincial ya se suspendieron audiencias por falta de defensores disponibles. Langella enfatizó que esta situación compromete gravemente el acceso a la justicia: “Estamos hablando de seres humanos que tienen familias y que deben cumplir con tareas junto al personal de apoyo. Esta situación crítica no solo la denunciamos nosotros, sino también el Colegio de Magistrados”. La crisis también golpea a decenas de aspirantes que aprobaron concursos y que llevan más de tres años y medio esperando ingresar formalmente al Poder Judicial. “El gobernador aún no firmó sus designaciones. Esto genera angustia y zozobra”, lamentó Langella. En localidades como San Cristóbal, directamente no hay jueces en áreas clave como Familia o lo Civil y Comercial, lo que obliga a la rotación forzada de magistrados entre jurisdicciones, con graves consecuencias en la prestación del servicio. El gremio advierte que no cubrir estos cargos es una decisión política que deteriora el sistema judicial, no solo en su funcionamiento interno, sino en su función esencial: garantizar el derecho ciudadano a un proceso justo y en tiempo razonable.
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