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Fecha: 19/06/2025 03:11
El concejal Agapito Blanco analizó el proyecto del Ejecutivo rosarino que busca impulsar la construcción en altura, preservando inmuebles patrimoniales mediante un sistema de compensación. Advirtió que la implementación será clave para evitar nuevos conflictos urbanos. En el marco de la presentación del intendente Pablo Javkin ante la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), donde trazó una serie de lineamientos para fomentar la construcción de torres en Rosario y preservar a la vez los inmuebles de valor patrimonial, el concejal Agapito Blanco brindó una mirada crítica pero constructiva sobre la propuesta. Destacó la necesidad de fomentar la construcción en altura, pero advirtió que la iniciativa debe estar acompañada por una normativa sólida y eficaz, que resuelva tanto el deterioro del patrimonio como el perjuicio económico que sufren sus propietarios. “La idea de incentivar la edificación en torre me parece positiva”, sostuvo el edil. “Pero debe estar acompañada de una normativa que aliente realmente el desarrollo, porque sin condiciones claras es muy difícil la unificación de lotes para lograr una superficie de terreno adecuada a una ordenanza que contemple torres en altura”, agregó. Uno de los ejes del plan es la posibilidad de que propietarios de viviendas patrimoniales puedan obtener un certificado de edificabilidad transferible: es decir, obtener el derecho de construir una determinada cantidad de pisos —que no pueden ejecutar en su lote por restricciones patrimoniales— en otra zona permitida. Blanco reconoció que la idea “en el título parece atractiva”. Patrimonio en crisis Más allá del debate técnico, Blanco planteó un diagnóstico preocupante sobre la situación del patrimonio arquitectónico de Rosario: “Tenemos muchísimos inmuebles catalogados que, por desidia o imposibilidad económica de sus dueños, se están viniendo abajo. Luego de años de abandono, se inician expedientes para declarar esas propiedades en ruina, lo que finalmente permite su descatalogación. Con eso se termina diluyendo el espíritu de la norma original, que era preservar esos bienes culturales”. El edil también hizo foco en el perjuicio económico que representa para los propietarios tener un inmueble patrimonial: “Una casa catalogada puede valer menos de la mitad que un terreno baldío aledaño, porque no se puede intervenir ni desarrollar. Es una desventaja clara, y por eso urge una solución concreta y equilibrada”. En ese sentido, propuso revisar el alcance del catálogo de inmuebles protegidos: “No hacen falta 500 casas de valor patrimonial para representar una época. Con 20 bien preservadas, distribuidas de forma lógica, sería suficiente. Un catálogo más acotado permitiría focalizar recursos y generar herramientas reales para su conservación”. Regulación, certezas y planificación Finalmente, Blanco advirtió sobre la falta de una norma definitiva que acompañe esta visión del Ejecutivo. “Hasta ahora no llegó al Concejo ningún mensaje formal sobre esta propuesta. Hay conversaciones dentro del área de Planeamiento, y algunas ideas como permitir que detrás de una fachada preservada se construya en altura, siempre que se mantenga la imagen urbana. Pero todavía no hay reglamentación que le dé un marco jurídico claro a esa posibilidad”. Además, planteó la necesidad de poner fin a la “imperpetuidad” de los criterios técnicos: “Una comisión puede catalogar un inmueble y, años después, otra gestión lo descataloga. Esa falta de previsibilidad es un problema grave, y puede derivar incluso en demandas judiciales colectivas por parte de propietarios afectados”. Para cerrar, Blanco insistió: “Es momento de buscar un equilibrio que permita preservar nuestro patrimonio arquitectónico sin obstaculizar el desarrollo. Y para eso, el Estado debe asumir un rol activo y regulador, no solo prohibitivo”.
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