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Parana » Informe Digital
Fecha: 15/06/2025 00:09
A pocos días de que la Corte Suprema confirmara la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, la Justicia ha avanzado con un fallo significativo: el Tribunal Oral Federal N° 5 ratificó este lunes que más de 50 propiedades, vehículos, cuentas y activos financieros de la familia seguirán embargados en el marco de la causa Hotesur-Los Sauces, donde están imputados la ex mandataria y su hijo Máximo por lavado de dinero. La decisión judicial mantiene firme la medida cautelar que afecta bienes distribuidos entre Capital Federal, Santa Cruz y El Calafate, incluyendo hoteles, terrenos, vehículos, acciones en sociedades y más de 6 millones de dólares en efectivo. Aún no se ha fijado la fecha de inicio del juicio oral. En paralelo, la defensa de Cristina ha solicitado el levantamiento de los embargos, argumentando que los bienes ya no están a su nombre. En agosto de 2016, apenas tres días tras ser procesada por el direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez, la expresidenta cedió anticipadamente la mayor parte de su patrimonio a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. “El 50% de los activos financieros, bienes muebles e inmuebles que me correspondieran en la sucesión de Néstor Kirchner fueron cedidos legítimamente a mis hijos“, argumentó en una presentación judicial. Desde entonces, Cristina ha declarado poseer un patrimonio personal de apenas 200 mil dólares. Fiscales evalúan denuncia por insolvencia fraudulenta Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola consideran que este movimiento podría constituir el delito de “insolvencia fraudulenta“, un recurso frecuentemente utilizado para despojarse del patrimonio antes de enfrentar un proceso de restitución de fondos al Estado. El Tribunal Oral Federal 2 ya había establecido en su sentencia que Cristina y los otros condenados deben devolver, en forma solidaria, al menos 500 millones de dólares, monto que será actualizado por peritos de la Corte. A CFK le corresponderían aproximadamente 55 millones de dólares de esa suma. Dado que se prevé que la mayoría de los condenados aleguen insolvencia, los fiscales han solicitado abrir un incidente de ejecución para avanzar en el decomiso de bienes, que incluye 145 inmuebles, 42 automóviles, dos embarcaciones, 18 productos bancarios y 11 participaciones societarias. En un escrito reciente, Luciani y Mola pidieron al juez de ejecución penal Jorge Gorini que el dinero recuperado mediante el decomiso se destine a fines sociales, como la construcción de escuelas, hospitales o infraestructura pública. “Debe resarcirse el grave daño ocasionado al Estado. La corrupción impacta directamente en el ejercicio de derechos esenciales como salud, educación, vivienda y justicia”, afirmaron. La Corte Suprema respaldó esta postura al reglamentar el uso social de los fondos recuperados en la Acordada N° 2/18. Máximo figura como titular de 25 inmuebles, entre Capital y Santa Cruz, acciones en Hotesur y Los Sauces, un vehículo y una suma cercana a 6 millones de dólares. Según su última declaración jurada, su fortuna supera los 4.700 millones de pesos. Florencia, por su parte, fue sobreseída, aunque su nombre también aparece relacionado con cuentas y propiedades cedidas por su madre, incluida una caja de seguridad con 5 millones de dólares en el banco Galicia. La estrategia de CFK recuerda maniobras similares empleadas por otros funcionarios condenados por corrupción, como María Julia Alsogaray, quien se declaró insolvente y perdió su mansión en Recoleta tras un fallo por enriquecimiento ilícito. A pesar de la cesión de bienes, los fiscales y peritos sostienen que parte de los activos podrían estar ocultos, en manos de testaferros o transferidos mediante actos simulados. El ex titular de la UIF, Mariano Federici, declaró que es probable que “una parte significativa del producto del delito aún no haya sido blanqueada” y pidió investigar si hubo maniobras para evadir la acción de la Justicia. Mientras tanto, la expresidenta asegura contar con apenas U$S 200.000, además de un terreno en El Calafate, el usufructo de su departamento en Recoleta y acciones en empresas como Mercado Libre, Apple y Vista Oil. Sus ingresos actuales son inciertos: el gobierno de Javier Milei le anuló en noviembre la jubilación de privilegio que percibía, valorada en 14 millones de pesos mensuales. DCQ / Gi
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