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Parana » Entreriosya
Fecha: 29/05/2025 12:52
El ex subjefe de la Jefatura Departamental de Policía de La Paz. La disposición llegó Seis años, tres meses y 17 días después de haber sido detectado en el Túnel Subfluvial regresando de sus vacaciones familiares en un auto oficial. La sentencia fue dictada por el Vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Mauricio Mayer, tras la presentación de un acuerdo de juicio abreviado. La pena pautada entre el fiscal Martín Millán y el defensor Juan Ezequiel Marusich fue de dos años de prisión condicional. Además, se decretó la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer la función pública. Fue encontrado responsable del delito de peculado. El condenado Sandro Jacinto Gazali, de 55 años, era, al momento del hecho, comisario inspector. Se le imputó haber utilizado, entre el 4 y el 9 de febrero de 2019, el móvil policial S-97656. Era un Chevrolet Onix 1.4 LTZ, asignado a la Jefatura Departamental de La Paz. Gazali había realizado un viaje familiar desde La Paz hasta Mar del Plata y regresó, mientras se encontraba de licencia ordinaria. El vehículo en cuestión tenía un estatus particular: había sido entregado a la Policía de Entre Ríos en carácter de depositario judicial definitivo por el Tribunal Oral Federal de Paraná, tras ser decomisado en una causa por infracción a la Ley 23.737. Por su condición, su uso estaba restringido al ámbito provincial, salvo autorización expresa que no existió. Sentencia Según la sentencia, Gazali fue detenido con el auto oficial en el Puesto Caminero Túnel de Paraná al regresar. Las pruebas, valoradas en el juicio abreviado, incluyeron un sumario administrativo interno e informes del Puesto Caminero Túnel. También se adjuntó documentación que acreditó el alojamiento de Gazali junto a su hija. Se habían quedado en las instalaciones de Parque Camet del Círculo de Oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Allí se registró la patente del móvil policial. Peculado El hecho fue calificado como peculado. Este es un delito que, según la doctrina citada en la sentencia, reside en la quiebra del deber de probidad de los funcionarios con manejo de bienes públicos. La acción común de “sustraer” ocurre cuando se separan o alejan bienes de la gestión o cuidado de la administración pública. El funcionario, sujeto activo del delito, debe tener la administración, percepción o custodia de los bienes en razón de su cargo. En este caso, Gazali, como subjefe, tenía la custodia del vehículo y lo apartó de su destino público para un fin personal. De esta manera, rompió su deber de fidelidad hacia la Administración Pública. Prisión y multa Además de la pena de prisión condicional y la inhabilitación perpetua, como regla de conducta, se impuso a Gazali el pago de $100.000. Este monto deberá abonarse en diez cuotas iguales y consecutivas de $10.000 cada una, con vencimiento la primera en junio de 2025. Será destinado a una organización sin fines de lucro a individualizar. En el acuerdo de juicio abreviado, se consideraron como atenuantes el reconocimiento del hecho por parte de Gazali y la ausencia de antecedentes penales computables, que justificó la imposición de la pena mínima prevista en la escala legal. Fuente: Ahora
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