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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 27/05/2025 11:22
El juez de La Plata Federico Atencio elevó a juicio la causa contra el puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau y sus jefes, el exconcejal massista Facundo Albini y su padre, el exsubdirector de personal de la Legislatura bonaerense Claudio Albini, todos acusados de apropiarse de los sueldos de empleados “ñoquis” de la Legislatura provincial para el financiamiento ilegal de la política. En el caso se investigan hechos que configurarían dos delitos: asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública. También serán juzgados titulares de las tarjetas de débito que usaba Chocolate Rigau cuando fue detenido extrayendo dinero de cajeros automáticos del centro de La Plata. A Rigau lo arrestaron el 9 de septiembre del año pasado con 48 tarjetas de débito que no eran suyas. Los Albini cayeron el 23 de noviembre de 2023; fueron procesados con prisión preventiva. La investigación estuvo a cargo de la fiscal platense Lacki y del juez Atencio. Rigau fue liberado a los 13 días de ir preso por una disposición de los camaristas platenses Alejandro Villordo y Juan Benavides, pero tras el estrépito público que generó, el fallo fue revocado y Rigau volvió a prisión el 14 de octubre de 2023. Ayer, el juez Atencio rechazó los planteos contra el requerimiento de elevación a juicio presentado por la fiscal y también los pedidos de sobreseimiento de 46 titulares de tarjetas, que irán a juicio por fraude. Rigau, los Albini y su entramado de tarjetas de débito de “ñoquis” y prestanombres de la Legislatura bonaerense le causaron un perjuicio neto a la provincia de Buenos Aires durante dos años de por lo menos $395,4 millones, sujetos a actualización por inflación, según surge de un informe elaborado por la División Lavado de Activos de la Policía Federal, y cuya copia obtuvo La Nación. El informe alerta, sin embargo, que el perjuicio para las arcas públicas sería muchísimo más elevado, según los expertos de la Policía Federal. Indicaron que a esa cifra preliminar sobre los años 2022 y 2023, que debe ajustarse por inflación, también hay que sumar el desvío de fondos que pudo ocurrir en años anteriores. Algunos de los presuntos empleados de la Legislatura bajo la lupa judicial figuran con cuentas salariales abiertas en el Banco Provincia desde 2012. Collage Cuando la justicia confirmó la prisión preventiva de los Albini, ellos pretendieron deshacerse de una casa de 481 metros cuadrados en un barrio cerrado sobre la ruta 2, mediante una venta simulada. La propiedad se ubica en el lote 13 “D” del club de campo Miralagos I. Albini compró el terreno de 1282 metros cuadrados en mayo de 2011. El 23 de febrero de 2024, Albini le informó a Sintec SA, la firma desarrolladora de Miralagos, que pretendía cederle su lote a un tercero por apenas US$30.000, cuando inmuebles de similares superficies y características cotizan desde los US$250.000 en ese country, según surge de la información disponible en distintos portales inmobiliarios. La empresa informó a la Justicia y todo se suspendió. El informe oficial también aportó un indicio más que complica a la presunta asociación ilícita que integrarían los “ñoquis”, Rigau y, por encima de ellos, Facundo Albini –en ese entonces apoderado provincial del Frente Renovador de Sergio Massa–, y su padre, Claudio Albini. Tanto la fiscal Lacki como el juez Atencio consideran que los ñoquis, Rigau y los Albini serían apenas los niveles iniciales y medios de un entramado delictivo cuyos máximos responsables continúan en las sombras, desde donde buscan controlar los daños. Los chats de Rigau con sus jefes revelan cómo funcionaba el mecanismo, donde “Chocolate” debía rendirles el dinero en efectivo y reponer lo que faltaba si los titulares de las tarjetas usaban la plata para sus gastos.
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