28/05/2025 19:31
28/05/2025 19:31
28/05/2025 19:31
28/05/2025 19:31
28/05/2025 19:30
28/05/2025 19:30
28/05/2025 19:30
28/05/2025 19:30
28/05/2025 19:30
28/05/2025 19:30
Chajari » Tal Cual Chajari
Fecha: 27/05/2025 09:28
G.S.D. vio frustrada su posibilidad de terminar su formación en la Escuela de Policía Salvador Maciá luego de solicitar asistencia del gabinete psicológico, a cargo de la psicóloga Rita Maslein, y exponer ante una profesional, a quien entendió obligada a mantener secreto profesional de lo dicho, parte de historia más oscura: había sido echada de la vivienda familiar por su madre; se fue a vivir con su novio a los 17 años, de quien padeció violencia de género; luego acudió al cobijo de su abuela, y allí soportó los abusos sexuales de un tío. Pudo poner un cierre a todo eso cuando ingresó a la Escuela de Policía Salvador Maciá, en febrero de 2020: pensó que su vida tomaría otro rumbo. Pero nada de todo eso ocurrió. A poco de relatar a la psicóloga Rita Maslein las consecuencias psicológicas de sus experiencias dolorosas de vida, el runrún fue un constante y casi todos sus compañeros de cursada conocieron más temprano que tarde todos los detalles que había contado en el Gabinete Psicológico. Tres tribunales de la Provincia analizaron su caso y finalmente le dieron la razón ante una situación que consideró de violencia institucional en su contra. GSD expuso que aproximadamente dos o tres meses antes de la denuncia judicial, al sentir un poco de angustia, requirió a sus superiore asistir a una entrevista con los profesionales del Gabinete Psicológico que existe dentro del predio, que sirve de apoyo en este aspecto a cadetes. Entonces se entrevistó con la psicóloga Rita Maslein, oficial principal de la Policía, hija del exjefe de la fuerza, Gustavo Maslein, a quien le contó sobre lo que sentía y dialogaron sobre su historia de vida. Después de esa entrevista con la psicóloga Maslein la pasó pésimo y mal: a la semana siguiente uno de sus superiores le informó que se iba a iniciar una información sumaria a los fines de evaluar si ella podía seguir portando armas. Y que una de sus compañeras le había comentado que se estaba rumoreando que le habían sacado el arma porque no estaba bien de la cabeza y que todo se debía a lo que había dicho en el Gabinete; que en los sucesivos días los comentarios fueron creciendo en el grupo de sus compañeras y superiores, toda la escuela sabía lo que ella había dicho en el Gabinete; que la llamaron a declarar, que le informaron que dicha actuación se debía a lo que había surgido en el Gabinete; que la llevaron tres veces a dialogar con la Junta Médica, donde tuvo que volver a repetir algunas cosas y a responder preguntas sobre lo mismo. El 6 de octubre de 2021 le notificaron que le otorgaban licencia extraordinaria, que entregara todas las pertenencias, se retirara y esperara la baja en su casa; que le dijeron que de la información sumaria había resultado que psicológicamente no estaba en condiciones de estar allí. Había cursado sin sobresaltos primero y segundo año y ansiaba poder concluir su formación. La Escuela de Policía Salvador Macía contestó la demanda en la Justicia y confirmó que el 30 de agostos de 2021 se habían iniciado actuaciones administrativas en carácter de “Información Sumaria” para “establecer y/o determinar disminuciones de aptitudes físicas o psicológicas que impidan la continuidad en la filas policiales”, y que ello fue consecuencia de un informe firmado por la psicóloga Rita Maslein. GSD fue “evaluada” por una Junta Médica, que dictaminó “psiquismo lúcido” y que el psicodiagnóstico realizado dio cuenta de “rebeldía frente a figuras de autoridad, acusación a los otros de los propios problemas, dificultades en las relaciones interpersonales, conducta impulsiva, necesidad de gratificación inmediata, limitada tolerancia a la frustración”. Con base en ello, la Junta Médica concluyó que la cadete “no presenta perfil policial” y mediante resolución Nº 607&21 se la consideró “inepto total y temporario” y que GSD “no presenta perfil policial”. Un fallo de primera instancia en el marco de una denuncia por violencia institucional que presentó la cadete contra la Escuela de Policía derivó en la disposición de una medida cautelar de no innovar: se permitió que la Policía decidiera si le otorgaba o le retiraba el arma, pero se ordenó se le garantice cursar y rendir las materias y solicitó la intervención del equipo interdisciplinario del Poder Judicial para que elaborara un informe de riesgo. Luego, se dispuso que se le otorgue a la alumna igualdad de posibilidades de exámenes respecto a los/las compañeros/as de la denunciante, esto es que se le permita rendir los parciales y sus respectivos recuperatorios. Nada de todo eso se cumplió, y el 29 de octubre de 2021 el abogado de la víctima, Eduardo Gerard, puso en conocimiento de la Justicia de la resistencia de la Escuela de Policía a dar cumplimiento a lo resuelto. El 17 de diciembre de 2021, el equipo interdisciplinario del Poder Judicial dictaminó que luego de la denuncia por parte de GSD, la Escuela de Policía había “ejercido numerosos hechos de violencia institucional”. Un nuevo fallo, el 22 de marzo de 2022, de la Cámara II, Sala III de Paraná fue contundente en señalar que sólo una de las medidas sugeridas por el equipo interdisciplinario había sido cumplido por la Escuela de Policía y dio cuenta de los incumplimiento reiterados de la medida cautelar. La actuación de la Escuela de Policía y de su Gabinete Psicológico y en particular la intervención de la psicóloga Rita Maslein quedaron en evidencia e incómoda situación cuando intervinieron profesionales del Hospital Escuela de Salud Mental y descartaron cualquier posibilidad de imposibilidad psiquiátrica de GSD para continuar sus estudios policiales. El caso encontró cauce en un fallo contundente del Superior Tribunal de Justicia, instancia a la que el caso llegó con un recurso de inaplicabilidad de ley que concluyó que tanto la sentencia de primera instancia como la de la Cámara Contencioso Administrativo concluyeron -en decisión firme- que la denunciante sufrió violencia de género, en su modalidad institucional, por parte de la Escuela de Oficiales de Policía. Esa situación de violencia “comenzó, nada más ni nada menos, cuando a través de la inadmisible, ilegítima y violatoria de las más elementales obligaciones profesionales del Gabinete Psicológico de la referida institución, fueron divulgadas cuestiones de la más profunda esfera íntima de la denunciante expresadas en el marco de entrevistas psicológicas por parte de la profesional de la Escuela que estaba obligada a darle apoyo y contención”. La Escuela de Policía, dice el fallo del STJ, “ha incurrido en forma reiterada en incumplimientos de las órdenes judiciales que le eran comunicadas a lo largo del proceso. Llegó incluso a dar de baja a la denunciante en distintas oportunidades, pese a estar vigente una medida cautelar de no innovar que le impedía hacerlo. Ello da cuenta de su resistencia a toda posibilidad de reincorporación de la denunciante”. En el marco de ese caso, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió -por mayoría- declarar la nulidad de una resolución de la Escuela Superior de Oficiales de Policía Salvador Maciá por la cual se expulsó a una estudiante cadete de la institución que había sido víctima de violencia institucional de género. El alto cuerpo ordenó a la Institución a implementar medidas de capacitación contra la discriminación y en materia de violencia de género. Fue al hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de Ley interpuesto por la denunciante contra la sentencia de segunda instancia. Tanto la sentencia de primera instancia como la de la cámara habían concluido -en decisión firme- que la denunciante sufrió violencia de género, en su modalidad institucional, por parte de la Escuela de Oficiales de Policía. La violencia comenzó cuando el Gabinete Psicológico de la referida institución divulgó cuestiones de la esfera íntima de la denunciante expresadas en el marco de entrevistas psicológicas. El Tribunal ponderó la existencia de dictámenes concordantes y categóricos de especialistas en la materia -emanados de organismos imparciales- que han concluido que existe una situación de violencia estructural dentro de la institución (dictamen ETI); que requiere que un Plan de Acción, un abordaje intersectorial y capacitaciones para evitar ésta y otras posibles violencias institucionales (Subsecretaría de la Mujer). En la sentencia se tuvo en cuenta que la escuela denunciada había incurrido en forma reiterada en incumplimientos de las órdenes judiciales y que había dado de baja a la denunciante en distintas oportunidades, pese a estar vigente una medida cautelar que se lo impedía.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por