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» Facundoquirogafm
Fecha: 24/05/2025 22:42
El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó la condena a siete años de prisión impuesta a un hombre por el abuso sexual simple de su nieta, una niña de 10 años, ocurrido en Goya en enero de 2024. La sentencia, que había sido apelada por la defensa del acusado, quedó firme luego de que el máximo tribunal desestimara los argumentos de impugnación. El 4 de enero de 2024, alrededor de las 20:00, el imputado ingresó al baño de su domicilio y abusó sexualmente de la menor, sometiéndola a tocamientos impúdicos en sus partes íntimas y pechos, según consta en el expediente. La sentencia se basó principalmente en: El testimonio de la víctima, brindado en una sala de entrevista especializada con una psicóloga forense. Las declaraciones de los padres de la niña y otros profesionales que la asistieron. Indicios emocionales y conductuales: Los expertos observaron en la menor cuadros de angustia, ansiedad, alteraciones del sueño y la alimentación, así como un notable retraimiento y dispersión, síntomas compatibles con una experiencia traumática de índole sexual. Los argumentos de la defensa y la respuesta del tribunal La defensa del acusado impugnó el fallo, alegando vicios de nulidad y falta de pruebas directas, violación de garantías constitucionales y del debido proceso e insuficiencia probatoria para acreditar el delito. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia rechazó estos planteos, señalando que la valoración de las pruebas (testimonios y peritajes psicológicos) fue correcta y suficiente. Aunque no hubo pruebas materiales directas, los indicios emocionales y declaraciones "constituyen un respaldo sólido para la condena", señalaron. Además, indicaron que la sentencia "se ajustó a la tipificación penal y cumplió con los requisitos de fundamentación legal". La sentencia condenatoria, dictada el 30 de julio de 2024, fue ratificada en todas sus partes por el Superior Tribunal, dejando firme la pena de siete años de prisión para el acusado. Este fallo reafirma el criterio judicial de priorizar la protección de las víctimas de abuso sexual, especialmente cuando se trata de niños y adolescentes, aún en casos donde las pruebas son mayoritariamente testimoniales y psicológicas.
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