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» Comercio y Justicia
Fecha: 23/05/2025 10:36
El jurista César Arese advirtió que el Gobierno utiliza los decretos para sortear al Congreso y vulnerar derechos humanos reconocidos por la Constitución y tratados internacionales El ex camarista laboral de Córdoba, César Arese, alertó sobre la gravedad institucional que implica el nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que restringe fuertemente el ejercicio del derecho a huelga al ampliar la nómina de actividades consideradas esenciales. En diálogo con Comercio y Justicia, Arese calificó la medida como un intento de vaciar de contenido un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución y por pactos internacionales. “La mitad de las actividades del país van a tener una restricción del ejercicio de huelga y a eso se suma el 75% que imponen las actividades consideradas esenciales”, explicó el ex magistrado, en referencia al esquema impuesto por el nuevo DNU que obliga a garantizar altos niveles de funcionamiento aún en contextos de conflicto sindical. Para Arese, lo que plantea el Ejecutivo es una avanzada autoritaria. “Se pretende prácticamente suprimir, ahogar o restringir al máximo a la mayoría de las actividades. Con este decreto, uno de cada dos trabajadores tendría que trabajar o, bien, en el caso de los servicios esenciales en sentido estricto, tres cuartos de los trabajadores deberían trabajar. La huelga tendría un carácter marginal. Ese es el intento”, sostuvo. El jurista apuntó directamente a la estrategia del Gobierno de legislar por decreto en temas sensibles: “Se utiliza un mecanismo como el DNU para eludir al Congreso sobre temas que tienen fuerte anclaje en los derechos humanos fundamentales, como el derecho a huelga”, advirtió, recordando que este derecho está consagrado no solo por la Constitución Nacional, sino también por tratados internacionales de derechos humanos. “La huelga es un derecho humano que ha sido reconocido por los pactos internacionales de derechos económicos y sociales de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. No estamos hablando de cualquier derecho, no es un derecho patrimonial”, subrayó. Otro intento El nuevo decreto 340/2025 replica parte del contenido ya incluido en el DNU 70/2023, con el que Milei intentó imponer una reforma laboral a pocos días de asumir. Ese capítulo, que también incluía restricciones al derecho a huelga, fue suspendido por la Justicia por inconstitucionalidad y aún espera definición de la Corte Suprema. Arese remarcó que “es de esperarse que esta norma va a ser cuestionada por la CGT, siendo coherente con la acción de amparo contra el DNU 70/23”, señaló. De hecho, las primeras señales desde la central obrera apuntan en esa dirección: ya comenzaron las consultas legales para impugnar judicialmente el nuevo intento del Ejecutivo de avanzar sobre el derecho a huelga. “Vamos a ir a la Justicia” La Confederación General del Trabajo (CGT) denunció que el Gobierno nacional busca limitar el derecho constitucional a la huelga a través de un nuevo decreto de necesidad y urgencia. “No vamos a estar en silencio frente a esta grave avanzada”, expresó la central obrera en un comunicado, en el que anticipó una ofensiva judicial contra la normativa. Los principales dirigentes sindicales reaccionaron con dureza. Juan Pablo Brey, secretario general de los Aeronavegantes, calificó el decreto como un ataque directo a las garantías democráticas. “Este nuevo DNU viola la autonomía sindical, el derecho de huelga protegido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el convenio 87 de la OIT”, sostuvo. Brey también anticipó que la próxima semana la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que nuclea a gremios de los sectores más afectados por el decreto, realizará un plenario para definir un plan de acción. “Las embestidas del Gobierno están focalizadas ahora en sectores específicos, pero apuntan en realidad a una desregulación general. Ya vimos lo que ocurre en Tierra del Fuego y lo único que hacen es atentar contra las fuentes laborales, la industria y la soberanía nacional”, advirtió. Por su parte, Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, consideró que el Gobierno reincide en una política ya rechazada por la Justicia. “Las tres centrales sindicales ya logramos un fallo favorable contra el DNU 70/23. Este nuevo decreto dice exactamente lo mismo. Vamos a volver a la Justicia para que ese fallo se mantenga vigente”, afirmó. “Es insólito que tengamos que repetir los mismos trámites porque el Gobierno desconoce los fallos judiciales en su contra”, agregó.
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