23/05/2025 13:28
23/05/2025 13:27
23/05/2025 13:27
23/05/2025 13:25
23/05/2025 13:25
23/05/2025 13:25
23/05/2025 13:25
23/05/2025 13:24
23/05/2025 13:23
23/05/2025 13:23
» El Sur Diario
Fecha: 23/05/2025 02:40
Con el cierre de los alegatos por parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario, concluyó esta semana una etapa decisiva en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 67 trabajadores metalúrgicos y ferroviarios entre marzo de 1975 y marzo de 1976. Se trata de un proceso judicial inédito en Santa Fe, en el que por primera vez se juzga la posible responsabilidad penal de una empresa privada —Acindar— por su rol en la represión previa al golpe cívico-militar. El abogado querellante Federico Pagliero informó que los alegatos se desarrollaron en cuatro jornadas: los días 5, 6, 20 y 21 de mayo. “Fue una labor intensa y extensa, donde sistematizamos una gran cantidad de testimonios y pruebas que demuestran el accionar coordinado entre la empresa, las fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales. Esta causa es una cita con la historia y con la verdad”, expresó. La Lista Marrón En la primera jornada, la querella reconstruyó el surgimiento y la lucha de la Lista Marrón, encabezada por obreros como Alberto Piccinini, Juan Actis, Lorenzo Farías, José Luis Andino, los hermanos Delmasse y Héctor Porcu, entre muchos otros. Se relató cómo este grupo logró desplazar a la conducción burocrática de la UOM local y encabezó el proceso de recuperación sindical que desembocó en el Villazo. Pagliero subrayó la unidad entre trabajadores y vecinos de Villa Constitución durante aquellos meses de lucha. “Los testimonios de obreros, esposas, familiares y vecinos permitieron una reconstrucción valiosa y conmovedora de lo que significó esa gesta popular. Fue un movimiento histórico que fue brutalmente reprimido”, indicó. Cronología del horror La segunda jornada de alegatos se centró en los hechos represivos ocurridos desde 1974. Se detallaron amenazas, colocación de bombas, secuestros y homicidios. Entre los hechos destacados se encuentra el simulacro de copamiento del 24 de marzo de 1975, cuatro días después del inicio del operativo represivo. También se analizó la represión a la movilización del 22 de abril, que fue utilizada como argumento por el gobierno para trasladar a los detenidos a la cárcel de Rawson. Infiltración, listas negras y pago a las fuerzas En la tercera jornada, la querella apuntó directamente a la responsabilidad de los directivos de Acindar. Se describió el rol de infiltración y espionaje dentro de la planta, ejercido por personas como Ranure, que tenía libertad de movimiento dentro y fuera de la fábrica. Se mencionaron también amenazas y aprietes a delegados y activistas gremiales por parte de los directivos Pellegrini, Aznárez y Torralbo, en un claro intento de desarticular la organización obrera. Otro elemento central fue la elaboración de listas negras con nombres de trabajadores que luego fueron secuestrados, listas que surgían desde la oficina de Recursos Humanos y que eran entregadas a las patotas. La presencia de grupos represivos dentro de la planta también quedó acreditada: tanto la Policía Federal como la banda de Aníbal Gordon operaban desde el edificio conocido como el “Albergue de Solteros”, incluso con acceso a pisos superiores de la gerencia, donde fueron vistos por testigos. Pagliero relató además que la empresa pagaba sobresueldos a miembros de la Policía Federal, lo que fue corroborado por el testimonio de Peregrino Fernández, un expolicía devenido en obrero metalúrgico, quien señaló directamente a Pellegrini Aznárez como responsable de esas erogaciones. También hubo una destrucción deliberada del albergue para eliminar pruebas. Mientras los trabajadores estaban detenidos, Acindar los despidió por "abandono de trabajo" mediante cartas documento. Esos despidos fueron acompañados por la inclusión de los damnificados en listas negras que les impidieron volver a conseguir empleo en el sector metalúrgico. Finalmente, la querella remarcó la política de silencio y encubrimiento que la empresa sostuvo durante décadas, como parte de una impunidad estructural que hoy comienza a desmoronarse. Pedido de penas y reparación histórica En la última jornada, la APDH solicitó prisión perpetua para los exdirectivos de Acindar, Juan Carlos Pellegrini y Osvaldo Torralbo, al considerar probada su participación activa en el dispositivo represivo. También se pidieron penas de entre 16 y 25 años para otros imputados, incluyendo exmilitares y expolicías federales y provinciales, en función de su grado de responsabilidad en los hechos. Pagliero explicó que se pidió la aplicación de figuras del derecho internacional, como crímenes de lesa humanidad y genocidio, y, en forma supletoria, las figuras del derecho penal interno: homicidio calificado, privación ilegal de la libertad, torturas y asociación ilícita. Junto con las penas, se reclamó una serie de reparaciones simbólicas e institucionales. Entre ellas, la corrección de los legajos laborales de los obreros despedidos en prisión, la instalación de una placa conmemorativa en el lugar donde funcionó el centro clandestino en el “Albergue de Solteros” y el aseguramiento de un acceso público al predio. También se propuso incluir el caso Villazo como contenido obligatorio en los programas educativos de la provincia de Santa Fe. Por último, se pidió el envío de pruebas al juzgado federal correspondiente para que se investigue la posible responsabilidad penal de María Estela Martínez de Perón. Un juicio histórico que interpela al presente “Este juicio no es solo sobre el pasado: es una forma de construir presente y futuro con memoria, verdad y justicia”, concluyó Pagliero. La querella espera que el fallo del tribunal esté a la altura del proceso que llevó décadas de lucha, testimonio y resistencia por parte de los obreros de Villa Constitución.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por