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Federal » El Federaense
Fecha: 22/05/2025 20:56
La tensa situación entre el Departamento de Seguridad Nacional y Harvard ha alcanzado un nuevo punto álgido. La universidad se enfrenta a severas consecuencias tras la decisión del gobierno de cancelar la matrícula de estudiantes extranjeros. Esta medida ha sido provocada por la negativa de Harvard a proporcionar información requerida por la gobernadora Kristi Noem, sobre titulares de visas de estudiantes internacionales. Un espíritu académico en peligro En una reciente declaración, el Departamento de Seguridad Nacional argumentó que Harvard había creado un ambiente inseguro en su campus, al supuestamente permitir que “agitadores antiestadounidenses y proterroristas” hostigaran a estudiantes judíos. Sin embargo, el gobierno no proporcionó evidencias concretas para respaldar tales afirmaciones, que además incluyen acusaciones de vínculos con el Partido Comunista Chino. Consecuencias drásticas para los estudiantes Como resultado de esta controversia, Harvard ha sido notificada de que no podrá matricular a nuevos estudiantes internacionales. Los que ya se encuentran en la universidad enfrentan la difícil decisión de trasladarse a otra institución o perder su estatus legal en los Estados Unidos. Kristi Noem subraya que la matriculación de estudiantes extranjeros es un privilegio, no un derecho. Los estudiantes internacionales ayudan a financiar las millonarias dotaciones de las universidades. El origen de la disputa El conflicto comenzó el 16 de abril, cuando Noem solicitó a Harvard información sobre estudiantes extranjeros implicados en actividades violentas o protestas. La funcionaria insinuó que esta información podría conducir a la deportación de algunos de estos estudiantes. Sin embargo, según Noem, la universidad no proporcionó documentación necesaria sobre comportamientos que podrían considerarse inadmisibles. Reacción de Harvard Harvard ha calificado la acción del gobierno como ilegal y ha manifestado que está tomando las medidas adecuadas para guiar a sus estudiantes en esta situación. En su defensa, la universidad enfatizó que estas medidas punitivas amenazan no solo a su comunidad, sino también a la misión académica del país. En meses pasados, Harvard ya había llevado a cabo acciones legales contra el gobierno por intentar imponer cambios en sus políticas de admisión y contratación. Esta última controversia podría intensificar aún más el descontento entre las instituciones académicas y las autoridades políticas. La situación está en evolución y se espera que continúe generando debate sobre el futuro de la educación superior y la aceptación de estudiantes internacionales en las universidades estadounidenses.
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