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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 22/05/2025 20:43
El PRO denunció a LLA por un video de Mauricio Macri hecho con Inteligencia Artificial El video creado mediante IA en el que Mauricio Macri llama a votar por el candidato de La Libertad Avanza generó una enorme polémica acerca de las denominadas fake news y de las respuestas que el derecho debería a este fenómeno. Bienvenida sea esa polémica. Los problemas y dilemas que se plantean son múltiples. Solo me referiré aquí a algunos aspectos que pueden sumar a ese debate. Un primer error que se debe despejar es considerar que la mentira o la desinformación tienen algo de nuevo. Los comentarios a las guerras de las Galias de Julio César o los partes bélicos de Napoleón desinformaban; también se desinformó con las denuncias penales contra los candidatos Enrique Olivera y Francisco De Narváez, realizadas a partir de información falsa en pleno proceso electoral. La novedad estaría en la apariencia de verdad que adquieren hoy ciertas mentiras y la velocidad en la circulación de la información. Una nueva tecnología promueve nuevos desafíos. Alguna vez las fotografías dejaron de ser una prueba confiable, ahora es el turno de los audios y los videos. Añade especial interés al problema que el video haya circulado durante el proceso electoral, un contexto particularmente sensible para la vida democrática y, para más, durante la veda electoral. Excluyo del análisis el problema de la veda electoral, sus alcances y conveniencia en las redes sociales; solo compartiré algunas ideas sobre los videos de candidatos y políticos fabricados con IA. Como puntapié inicial hay que destacar que el derecho argentino no sanciona la mentira en sí misma, sino por los daños que ocasiona a otros bienes. La afectación al honor o la propiedad por una mentira puede dar lugar a calumnias, injurias, estafa y diversas formas de fraude, entre otros delitos. Incluso se puede ser autor penalmente responsable de un homicidio a través de una mentira. Pero sin un daño a otros bienes, la mentira es un problema moral y no jurídico. El caso de las calumnias e injurias es de interés aquí porque el Código Penal, en consonancia con diversos estándares constitucionales, excluye la existencia de esos delitos cuando la falsedad se vincule con asuntos de interés público. No quiere decir que para el derecho esté bien mentir, solo que no se sanciona la mentira -incluso si causa un daño- a fin de asegurar el más amplio debate sobre temas de interés público. La sanción al mentiroso debería provenir de la opinión pública. De acuerdo con las autoridades del PRO, la maniobra estuvo destinada a confundir al electorado, inducir un cambio en su intención de voto y alterar el resultado de las elecciones. Es decir, se trataría de un ejemplo concreto de lo que en el ámbito académico se denomina desinformación: información falsa o incorrecta que es creada y difundida deliberadamente con propósito de engañar o confundir. El caso del video ilustra los desafíos que presentan las nuevas tecnologías e invita a reflexionar sobre la respuesta que el derecho da a la desinformación y el papel del Estado. Gran cantidad de personas públicas, entre ellas respetados colegas y amigos, han denunciado la necesidad de legislar y sancionar estas conductas. Permítaseme dudar. En medio de la veda electoral, publicaron un clip generado, en el que la diputada supuestamente había confirmado la baja de su candidatura a legisladora porteña (X: @GordoEdicion) El Tribunal Electoral de la CABA, a fin de garantizar la integridad del proceso electoral, ordenó a la red social “X” que elimine los videos y giró una copia de las actuaciones al Ministerio Público para que investigue si se cometió el delito por el cual el Código Electoral, impone una pena a quien “con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo”. En una interpretación estricta, la amplitud de la figura penal indicada incluiría a la mayoría de los discursos de los candidatos a cargos electivos. Si la figura penal se lleva a sus extremos, un debate entre ellos daría lugar a un concurso real de delitos y las agrupaciones políticas tipificarían grandes asociaciones ilícitas destinadas a inducir al voto. ¿Eso implica algo respecto del video? Solo diría que el problema jurídico está, antes que en la mentira, en lo novedoso del mecanismo. La mentira en el proceso electoral es un hecho triste al cual nos hemos acostumbrado. Permitir que una autoridad elimine del debate público informaciones, imágenes, videos o audios en un contexto electoral con el argumento de que son falsos o desinforman es una posibilidad a la cual no estamos acostumbrados y que toca fibras sensibles de la libertad de expresión y el rol del Estado frente a la verdad. Frente a las fake news, el problema fundamental quizás no sea la mentira. Al ser tan comunes y habituales, más que un problema, las fake news parecen un dato de la realidad. Casi un hecho respecto del cual la queja se vuelve tan irrelevante como denostar al frío en invierno o al calor en verano. Mentirosos hubo siempre y es suficiente con restarles credibilidad. Un problema muy distinto es el público de esos mentirosos. La ingenuidad o el desinterés de las audiencias para identificar la desinformación y las mentiras, o incluso los incentivos que la sociedad les coloca para reproducirlas con mayor velocidad que las verdades son, sí, un problema concreto y grave de que deberíamos ocuparnos. En este contexto, las soluciones no pasan tanto por la censura estatal como por la alfabetización digital de la ciudadanía; es decir, por brindar a la audiencia las herramientas y los incentivos para chequear la veracidad de la información. La tecnología que facilita la difusión de mentiras también pone al alcance del público herramientas para verificar la exactitud de un discurso. Un ecosistema con múltiples fuentes de chequeo es una garantía infinitamente más poderosa contra la desinformación que cualquier autoridad estatal. Registros públicos de acceso libre, medios de prensa profesionales que adopten y respeten códigos de ética periodística, organizaciones de fact-checking que verifiquen la información que circula, comunicadores confiables en distintos ámbitos de la sociedad civil y, desde luego, el “contradiscurso”, como la desmentida de Macri en este caso, son solo algunas de las herramientas que se necesitan para evaluar la veracidad de una información. Si lo anterior parece tedioso, pruebe el lector con comprar un auto o una casa a cualquiera que se lo ofrezca por Internet sin chequeos previos y tan solo confiando en su palabra. La libertad requiere un esfuerzo y, a diferencia de lo que podría ocurrir en materia de derecho del consumidor, el Estado no tiene completamente vedado asumir una de superioridad o tutelar frente a los ciudadanos en materia de debate público. Cuando el problema es la falta de habilidades del público para discernir verdad de mentira en la era digital, delegar en funcionarios la determinación de qué noticia es falsa parece una solución absurda, pues ellos son los principales beneficiados o perjudicados por la circulación de información. La sociedad civil debe educar y educarse para lograr esa capacidad crítica, y ello exige que esté interesada en buscar esa verdad. Esto requiere, a su vez, considerar que la verdad es un valor por defender, una profunda humildad epistemológica y la renuncia a todo fanatismo. El caso del video electoral manipulado por IA es un llamado de atención sobre los desafíos tecnológicos y la desinformación en el proceso electoral. Bienvenida sea la polémica que generó. Ese video, que resultaba notoriamente falso para muchos, sospechoso para algunos y creíble para otros, permitió que la sociedad argentina advierta en forma generalizada los riesgos a los que se encuentra expuesta y a la necesidad de estar alerta, con el pensamiento crítico a flor de piel. Los videos que se pueden ver en Internet no son confiables, no pueden ser aceptados sin beneficio de inventario y esa es la nueva realidad. ¿Aceptamos el desafío de buscar la verdad o preferimos depositar esa responsabilidad en el gobierno? Estoy lejos de intentar dar una respuesta definitiva al problema de la mentira en el contexto electoral. Son indeseables, pero descuento que siempre han existido. El interés y la capacidad de la ciudadanía para discernir, verificar y fortalecer un debate público basado en hechos verificables reducirá los incentivos a mentir. Es por ese camino, antes que la censura estatal, donde reside -quizás- la única defensa de la libertad humana.
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