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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 22/05/2025 12:24
El Colectivo de Trabajadores por la Ventana, que reúne a trabajadores activos y jubilados docentes, nucleados en la agrupación Multicolor de AGMER, se expresó en rechazo al decreto presidencial que declaró a la educación como servicio esencial. En un comunicado enviado a ANALISIS, denunciaron que “el ajuste del ‘plan motosierra’ encarado por Milei y los gobernadores, en el caso de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, vienen perpetrando e intentando otro recorte de derechos bajo la cínica denominación de ‘esencialidad educativa’. Ya el año pasado tuvo debate legislativo en la escribanía del Poder Ejecutivo es decir en la corporación parlamentaria con muy pocas excepciones en contrario”. En ese marco, plantearon que “el Gobierno publicó este miércoles en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025. Allí incluyó en el artículo 3 del DNU una modificación a la Ley N° 25.877 (régimen laboral) y un listado de las actividades consideradas esenciales. Y es ahí donde aparece ‘el cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial’. No se trata de mayor inversión presupuestaria, mejorar la infraestructura, los salarios en blanco, la enseñanza, los comedores escolares, la conectividad, combatir la precariedad laboral en educación, crear horas y cargos dónde se necesiten, proteger las comunidades rurales de las fumigaciones, en abrir el juego al debate educativo, de implementar la educación sexual y ambiental integral, de crear jardines lúdicos-expresivos en las escuelas nocturnas, de mejorar la seguridad e higiene en las escuelas… Lo real y concreto es que vienen por todos los derechos de los trabajadores, y en este punto a restringir a la mínima expresión el derecho constitucional a huelga (art. 14 bis CN) bajo el paraguas de ‘declarar a la educación servicio esencial estratégico’. Nos retrotraen 400 años atrás esclavizando a los trabajadores, ninguneando a la mínima expresión nuestra fuerza de trabajo sin derecho a la protesta y la protección de las leyes”. Recordaron asimismo que “el Comité de Libertad Sindical de la OIT, que interpreta en forma permanente los Convenios 87 y 98, ha establecido que la educación no es un servicio esencial, que según el organismo son aquellos ‘cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud’ de la población. Esto quiere decir que la constitución nacional y las leyes internacionales con rango constitucional van a seguir siendo violentadas por el gobierno argentino”. Y plantearon que “la educación como bien público es de la comunidad, de pretendida igualdad de oportunidades, no es un bien transable en el ‘Dios mercado’. Es una conquista, con claroscuros, en la historia ‘moderna’ de la República Argentina y en disputa permanente por su orientación. Esa puja en ese trayecto histórico, ha sido utilizada como reproducción del sistema a través de las distintas políticas de Estado que se han aplicado según la coyuntura. Podríamos afirmar que la escuela pública viene siendo sitiada por los sectores de poder dominantes desde los años 70 en adelante, con la descentralización del sistema, al abrirle la puerta a las ONG’s, a los clubes, a las empresas, las fundaciones, con las reformas neoliberales de vaciamiento y privatización, con las políticas dictadas, estandarizadas y financiadas por los organismos de crédito internacional, por la voucherización y ahora con declarar la educación como servicio estratégico esencial. Si uno quisiera resumir la actualidad de los trabajadores de la educación, bien podría decirse que ‘asistimos a una pedagogía del sometimiento y la obediencia’”. “En este presente los trabajadores de la educación estamos librando batallas conscientes e inconscientes para autorizarnos a pensar y accionar en la defensa irrestricta por la educación pública, porque lo que creíamos ya asegurado en nuestros derechos, hoy las fuerzas políticas y de poder, nuevamente emergen para continuar con su doctrina de obediencia y sometimiento. El gobierno actual de Milei es un claro ejemplo, pero lo más triste es que una enorme masa de docentes acompaña y legitima ese accionar que atenta planificada y sistemáticamente contra lo ‘público’”. Criticaron asimismo que “declarar ‘servicio estratégico esencial a la educación’ no es pensar en clave de derecho a la educación, es pensar en eliminar las luchas y protestas como herramientas de fortalecimiento a la educación pública, es la vieja receta del adoctrinamiento a los trabajadores, la vieja receta de estudiantes funcionales a los requerimientos del mercado, en esta línea es que tienen sentido términos como ‘recursos humanos’ o ‘capital humano’, es decir, el ser humano como un objeto a utilizar en beneficio de unos pocos”. “Ante la continuidad del adormeciendo soporífero de las entidades sindicales, que deberían ser los principales motores de reactivación de la lucha docentes, los trabajadores de la educación quedan en la orfandad sin identidad y asumen con desesperanza su lugar en la historia, obediencia y sometimiento”. “En este momento apelamos a la memoria del compromiso consciente y militante para empezar a revertir el vaciamiento de décadas, de la escuela pública y ponerla a la altura de los nuevos desafíos de las comunidades en el siglo XXI. Que el rechazo al decreto, a todas luces inconstitucional, de esencialidad educativa sea un nuevo comienzo por la escuela pública y los derechos que ella encierra”, concluyeron.
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