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Parana » Uno
Fecha: 22/05/2025 12:46
La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena por peculado contra Jorge Rodríguez, exdirector de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Entre Ríos , por haber desviado fondos públicos para financiar la creación y el funcionamiento de una escuela privada vinculada a una asociación civil que él mismo integraba. Según la escueta resolución a la que accedió UNO , los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso de queja interpuesto en virtud del incumplimiento del reglamento fijado en la Acordada 4/2007 para presentarse directamente ante el Máximo Tribunal. Rodríguez fue condenado en junio de 2018 a dos años y seis meses de prisión condicional. También se condenó al entonces subadministrador del organismo, Néstor Kemerer, a dos años y cuatro meses de prisión condicional al haber sido encontrados culpables del desvío de fondos del organismo para la creación de la escuela Nº235 Heraclia Ruiz Díaz, inaugurada en marzo de 2014. El nombre es en homenaje a la madre de Kemerer, ya que fue una comprometida maestra de 1º grado y Vice Directora en la escuela República de Chile. El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, integrado por los jueces Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Daniel Malatesta, consideró probado que Rodríguez y Kemerer desviaron fondos del organismo, violando la normativa vigente que les impone que el dinero debe ser destinado a la construcción y mantenimiento de caminos, entre otras cosas. Además, absolvieron de culpa y cargo a Mario Heyde, tal como lo había solicitado el Ministerio Público Fiscal ya que no se encontró prueba de convicción en su contra. En aquel fallo, el juez Labriola explicó que durante el juicio se demostró que además del desvío de fondos hubo otras irregularidades como la existencia de contratos a docentes bajo el “ropaje” de ser empleados viales y que en muchos casos hubo contratos antedatados con la Asociación Civil Los Viales. El presidente del Tribunal señaló que los contratos tienen fecha del 7 de febrero de 2014, pero que ello resultaba materialmente imposible puesto que la asociación se creó meses después, en agosto de ese año. Asimismo, advirtió que no resultaba lógico el argumento defensivo de que la asociación se creó para cumplir una exigencia del Consejo General de Educación (CGE), que en su normativa 240 especifica qué instituciones pueden administrar una escuela. También remarcó que el organismo vial no podía administrar una escuela, y que ello les fue advertido por la auditora del Tribunal de Cuentas, Nancy Vinagre; y por funcionarias del CGE. En otro punto de la resolución, los jueces consideraron que los imputados ocultaron al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos que los sueldos de los docentes eran pagados por Vialidad. Y que ese ocultamiento quedó a la vista en los informes que Kemerer elevó al auditor del organismo de contralor, a quien se le presentaron los contratos antedatados con la asociación civil y no aquellos que habían sido firmados por los docentes con Vialidad, con cargos de empleados viales. Así las cosas, el Tribunal consideró que Rodríguez y Kemerer “apartaron los bienes que le fueron confiados a su cargo” para crear, solventar y sostener una escuela pública de gestión privada. En ese sentido, se precisó que el perjuicio al Estado fue de más de 4 millones de pesos (a valores de aquel año). Investigación y denuncia La causa contra Rodríguez se inició tras la demanda penal presentada a fines de septiembre de 2015, por los diputados provinciales María Emma Bargagna (FAP-Paraná, mandato cumplido) y Jorge Monge (UCR-Diamante), con patrocinio legal de los abogados Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira. La acción se llevó a cabo tras la publicación de la investigación periodística de Jorge Riani, de la revista Análisis.
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