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Federal » El Federaense
Fecha: 22/05/2025 09:57
En un giro significativo de la política gubernamental, la Secretaría de Derechos Humanos ha sido transformada en una Subsecretaría, lo que implica un notable recorte del 40% en su estructura y la drástica disminución del 30% de su personal. Esta medida, anunciada por el Ministerio de Justicia, se traduce en un ahorro estimado de $9.000 millones anuales, según fuentes oficiales. Manuel Adorni, portavoz del Gobierno, ha enfatizado que la intención detrás de esta reestructuración es “garantizar todos los derechos humanos” y no simplemente defender un sector ideológico específico. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también ha comentado que se eliminarán la mitad de los cargos jerárquicos y direcciones existentes, asegurando que estas modificaciones no comprometerán las funciones esenciales del área. “Desde que asumimos el gobierno, hemos despedido a 405 empleados vinculados a movimientos políticos, lo que representa un 44% del personal heredado”, añadió Cúneo Libarona, quien subrayó que la situación actual demanda un análisis exhaustivo y la implementación de medidas urgentes para optimizar la estructura y la funcionalidad del Estado. Impacto en la Cultura El vocero gubernamental también comunicó cambios profundos en la Secretaría de Cultura, donde se ha dispuesto el cierre, la centralización y la fusión de diversas entidades que pertenecían a ella. «Esto busca evitar funciones duplicadas y ofrecer una visión plural de la historia argentina», dijo Adorni. Esta reorganización conlleva la eliminación de ocho institutos culturales que habían sido creados por intereses políticos particulares. Además, se prevén reformas significativas en el funcionamiento del Instituto Nacional del Teatro, dado que, según el vocero, la Ley del Teatro estipulaba que un máximo del 10% del presupuesto se destinara a contratos y gastos operativos. Sin embargo, la realidad era que el 65% del presupuesto era consumido en sueldos, dejando solo el 35% para el propio teatro. “Hemos encontrado un instituto sobredimensionado y con funciones superpuestas. Se ha recortado un 20% de su plantilla y continuaremos eliminando gastos innecesarios”, aseguró Adorni, quien también enumeró que desde el inicio de esta administración se han extinguido 200 áreas y 10 ministerios, así como la cancelación de aproximadamente 45.000 contratos. Cambios Legales Funcionarios Otra medida controversial proviene del decreto de necesidad y urgencia 340/2025, que limita el derecho a huelga y amplía la lista de actividades esenciales. Esta normativa, firmada por el presidente Javier Milei y varios de sus ministros, estipula que en situaciones de conflicto laboral, las actividades deben mantener un funcionamiento mínimo entre el 50 y el 75%. El artículo 3 de este decreto establece que cualquier conflicto que tribunalmente pueda afectar la prestación de servicios esenciales deberá garantizar un mínimo de 75% de la actividad normal. En cuanto a actividades de importancia trascendental, el mínimo se establece en 50%.
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