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Crespo » Paralelo 32
Fecha: 19/05/2025 18:41
Los recientes accidentes de tránsito ocurridos en la Ruta Nacional 3, donde varias personas perdieron la vida en choques frontales, han puesto de manifiesto una dura realidad: la infraestructura vial, lejos de mejorar, se encuentra en un estado de abandono que pone en peligro la vida de quienes transitan por las rutas del país. Este deterioro no es casualidad ni consecuencia del azar, sino de decisiones políticas concretas. El gobierno nacional, bajo la premisa de recortar el gasto público, ha tomado medidas que implican no solo la cancelación de contratos de reparación y construcción de carriles, sino también la suspensión de servicios esenciales como el mantenimiento de la iluminación en cruces peligrosos, el cuidado de las banquinas y el corte de pasto en los márgenes de las rutas. El presidente Javier Milei ha enarbolado el concepto de la “motosierra” como símbolo de su política de ajuste. Su decisión de reducir drásticamente la inversión en infraestructura vial no solo responde a la necesidad de achicar el déficit fiscal, sino que también plantea interrogantes sobre las consecuencias directas de un ajuste que deja en segundo plano la seguridad de los ciudadanos. Es cierto que las administraciones previas han estado marcadas por casos de corrupción en la obra pública, con licitaciones previamente acordadas, sobreprecios escandalosos y nulo control sobre las empresas a cargo. Sin embargo, la respuesta a estas irregularidades no debería ser el abandono total del mantenimiento de las rutas, sino la implementación de mecanismos de control más estrictos que garanticen transparencia en los contratos y eficiencia en la gestión de los recursos. La Ruta Nacional 3 es solo un ejemplo de una problemática que afecta a todo el país. La falta de inversión no solo impide la necesaria ampliación y extensión de los caminos, sino que convierte cada viaje en un riesgo latente. La ausencia de mantenimiento provoca que rutas con una alta circulación de camiones y vehículos particulares se transformen en trampas mortales. Los accidentes fatales no pueden ser vistos como meras estadísticas ni como inevitables tragedias del destino; son consecuencias directas de decisiones gubernamentales que afectan el día a día de la población. Incluso si dejáramos de lado la importancia sustantiva de las vidas humanas, el Estado -léase, los argentinos todos-, podría enfrentar millonarias demandas por la responsabilidad en estos accidentes si las rutas no reciben el mantenimiento adecuado y no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad. La gestión eficiente de los recursos no implica dejar librado al azar la seguridad vial, sino garantizar que las inversiones sean transparentes y bien ejecutadas. La reducción del gasto público no puede justificar el abandono de funciones esenciales que impactan de manera directa en la vida de los ciudadanos. Recortar el gasto indiscriminadamente sin considerar las consecuencias humanas de estas decisiones no es un triunfo de la eficiencia económica, sino una tragedia anunciada. La seguridad vial no puede ser víctima de la motosierra.
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