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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 15/05/2025 18:10
El Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial de este jueves 15 la resolución Nº 1.295, dictada el 8 del actual por el Consejo General de Educación (CGE) y por la cual se revocó la resolución Nº 2.747, del 20 de septiembre de 2024, que había dispuesto “la recategorización de agentes de establecimientos educativos dependientes de la Dirección de Educación de Gestión Privada”. Las escuelas públicas de gestión privada se rigen por el régimen del empleado privado y ningún docente de esos colegios tiene estabilidad, como sí lo tienen los de las escuelas públicas. La norma que ahora se revocó hubiese generado “un perjuicio económico” al Consejo de Educación. Aunque ese daño al erario público no se alcanzó a materializar por cuanto aquella resolución jamás fue publicada y tampoco fueron notificados los supuestos beneficiarios de las recategorizaciones. Así lo certificó la Dirección General de Ajustes, Liquidaciones, Recursos Humanos y Tecnología, que dio a conocer que la mentada resolución “no ha sido aplicada hasta el momento”; de igual forma, la Dirección de Despacho dio cuenta que “no se notificó virtualmente a cada agente” como tampoco “se notificó personalmente a los beneficiarios o alcanzados individualmente por dicha norma”. En tanto, la Dirección de Educación de Gestión Privada comunicó “que no se ha realizado notificación individualizada de la norma mencionada a los agentes alcanzados por ella”. Al intervenir en el proceso administrativo la Dirección de Asuntos Jurídicos del CGE emitió dictamen y aseguró que “la resolución en crisis es un acto jurídico nulo, de nulidad absoluta, por encontrarse comprometidos los elementos esenciales del acto con un vicio, que lo afecta en su validez”. Más aún, agrega, el instructivo de recategorizaciones de 2022 “con el cual se fundamenta la solicitud que da lugar a la norma, no alcanza ni incluye a los agentes de establecimientos dependientes de la Dirección de Educación de Gestión Privada, además de no existir una relación laboral directa entre este Organismo y los agentes involucrados”. Al corregir el desmadre previo, la nueva resolución de Educación señala que el “ejercicio supervisivo, de contralor y seguimiento (por parte del CGE), no implica per se relación de dependencia jerárquica entre los establecimientos educativos (privados) y el Superior Gobierno de la Provincia, mucho menos sobre los trabajadores de la educación que prestan funciones en dichos establecimientos”. Además, agrega, “estos establecimientos se encuentran a cargo de personas, físicas o ideales, dotados de personalidad jurídica propia, que requieren a este Organismo educativo únicamente la pertinente autorización para prestar el servicio educativo, estando a cargo del Consejo la fiscalización del cumplimiento de su actividad conforme a la normativa vigente y – de corresponder – su oportuna sanción ante el incumplimiento”. Y que la relación con los trabajadores de las escuelas públicas de gestión privada es ajena al Estado. Los colegios privados, confesionales o no, dice la resolución, están habilitados “para nombrar el personal que estimen necesario para garantizar el servicio educativo. Dicha contratación es realizada por el Establecimiento, no por el Consejo General de Educación y las funciones que cumplen no tienen carácter público, dado que no garantizan un servicio de limpieza, mantenimiento y orden de un mueble o inmueble público, sino privado. Sin embargo, los Agentes de la Educación de Gestión Privada tienen la responsabilidad de cumplir con la legislación laboral y educativa vigente”. Así, “habiéndose indicado que la Administración no tiene, vínculo jurídico con los trabajadores dependientes de los establecimientos privados, resulta imposible disponer su recategorización, siendo nulo de nulidad absoluta todo acto que disponga lo contrario, por ser manifiestamente repugnante al ordenamiento jurídico imperante en la materia”. La nueva disposición del CGE sostiene que la resolución que se había dictado en el organismo en septiembre pasado, si bien siguió todos los pasos administrativos de rigor, “se excedió en sus atribuciones normativas, encontrándose viciados los elementos esenciales que componen al acto”: De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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